Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, señala que el municipio podrá ceder el espacio, pero que ya no va a costear el entierro de los inmigrantes, como suele ser habitual.

En este sentido Onalia Bueno ha dejado constancia que dichos sepelios, que pueden alcanzar una cifra que oscila entre los 600 y los 1.000 euros, deben de ser costeados por el Estado, puesto que, en su opinión, es el mismo el que dispone de las competencias en una materia como es la de la inmigración y, también, la del control de las fronteras. Aunque, según ha especificado, sí cederá los nichos correspondientes.

Así mismo la alcaldesa del municipio turístico del sur de Gran Canaria ha querido subrayar y exponer que sus palabras y su decisión al respecto no tiene nada que ver, bajo ningún concepto, con el racismo, sino con lo que cataloga como el cansancio de que siempre tenga que ser Canarias quien soporte estas problemáticas y que corresponden, en su opinión, al gobierno de España.

Una opinión, la de Onalia Bueno, que surge en un momento de un significativo repunte de la inmigración ilegal en Canarias, y que, a estas alturas del año, ya lleva acogidos más de 14.000 inmigrantes en lo que va de año, de forma hacinada, entre cayucos, pateras y lanchas neumáticas, procedentes, sobre todo, de Marruecos y de Senegal. Lo que representa un veinticinco por ciento más de los inmigrantes ilegales que llegaron el pasado año a las costas canarias, y en unas semanas, precisamente, en las que se espera que aumente más todavía la llegada de numerosas embarcaciones plagadas de inmigrantes.

Un tema de excepcional importancia, el de los inmigrantes ilegales, como venimos incidiendo desde el periódico digital «maspalomasplus«, hasta el punto de que en el encuentro del pasado jueves entre el Rey Felipe VI y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el tema de la inmigración fue el más destacado.

Un tema sobre el que Fernando Clavijo reivindicó ante el Rey de España «una mayor y mejor coordinación por parte del Estado» así como la «solidaridad efectiva» por parte de todas las Comunidades Autónomas, subrayando, además, que «España y la Unión Europea deben actuar en Canarias antes de que las islas se vean desbordadas por la situación«.