El Parlamento canario debe de comprometerse con miles de propietarios y contra una clara injusticia social

Por Juan de la Cruz

Hablemos claro. ¿Cómo es posible que el propietario lega de un bungalow, de un apartamento, de un piso, con todos los documentos oficiales, compra, notaría, registro de la propiedad, impuestos, tenga que dejarlo en manos de una Explotadora –¡qué bien le viene el nombre a muchos propietarios de estas!– para que quienes están detrás de esta última se beneficien ostensiblemente de un negocio sorprendente?

Un negocio montado en base a esos bungalows, apartamentos o pisos mediante un sistema opresor y claramente perverso de una ley disparatada, obsoleta, cruel, irracional y demencial, que no hay por donde coger, pero, que sin embargo, tiene atenazados a miles de propietarios que actuaron por las vías legales para hacerse con una propiedad en el sur turístico de Gran Canaria, ponemos por caso, y, más exactamente, Maspalomas.

Una Ley desgarradora, cruel y severa

Pronto comenzará a debatirse en el Parlamento de Canarias la reforma de la Ley sobre el tema residencial en el ámbito turístico. La Ley actual es injusta socialmente, desgarradora humanamente, perversa y cruel , indigna. Por la sencilla razón de que un puñado de empresarios –en algunos casos el símil de empresarios es pura coincidencia– tienen el control de la manija y beneficiarse, como siempre, de esos terceros, los de a pie, los paganos, que dejan sus buenos dineros en el sur, creando dinamismo económico y empleo: Supermercados, comercios, cafeterías, centros comerciales, gasolineras, restaurantes… Ya sea primera vivienda, a la que tienen derecho, como propietarios, o segunda, a la que también tienen derecho.

Ahora que tanto se habla de derechos sociales, sobre todo por parte del Gobierno socialcomunista de España, pareciera increíble, por sentido común, por derecho jurisprudencial, con el retorcimiento de unos parlamentarios que, cuando procedieron a debatir esta más que perturbadora ley, ofensiva contra la dignidad y la moral de todo punto, con toda seguridad que no serían víctima alguna de semejante atropello.

Ya es hora de retomar el sentido común, lo que es mucho pedir a los redactores de la ley inicial en su día, pero que, sin embargo, sí hemos de solicitar a los diputados que actualmente conforman el Parlamento de Canarias. Y que rectifiquen de todo punto, desde la moral y la transparencia, desde la justicia, desde la sensibilidad, un daño pavoroso como el que han causado y continúan a los miles de propietarios que están amenazados por un disparatado régimen turístico-residencial del que se benefician los de siempre. Los que están en el machito urbanístico de Maspalomas, los hacen de su capa un sayo y, asimismo, los que explotan cruelmente a quienes quieren disponer de su residencia principal o segunda residencia, como acaece en tantas partes.

¿En el sur de Gran Canaria? Pues sí, en el sur de Gran Canaria. ¿Y cómo, entonces nadie, absolutamente nadie, abogados, notarios, funcionarios del Ayuntamiento, registradores y otros no advertía a los compradores de bungalows, de apartamentos, de pisos, incursos en una problemática como la existente, plagada de abusos de terceros? Y eso sin contar los abusos internos de las Explotadoras respectivas ante el desconocimiento de la normativa legal por parte de tantos, y algunas de cuyas incidencias ya hemos contado. Pero como el que oye llover.

Quizás haya algo detrás

¿Y los explotadores –¡qué bien le viene el nombre a muchos propietarios de estas!– que no cumplen con la ley, con la mitad más uno de los bungalows o apartamentos, tal como manda la ley, que no tienen ningún problema en salvar esa adversidad con su egoísmo e insolidaridad con tal de seguir sacando buenas tajadas de dinero para sus bolsillos, abonando una paupérrima cantidad de alquiler mensual–generalmente entre 400 y 600 euros– a aquellos cuantos dejan de buena fe sus propiedades en esas miserables condiciones tercermundistas de arriendo turístico?

Ya basta de abusos contra la propiedad privada y los derechos legales de sus propietarios.

Mientras el Parlamento de Canarias procederá en breve a retomar la Ley referenciada, corregir sus injusticias contra tantos propietarios anónimos, esperemos que se actúe con la máxima reflexión moral ante lo que es y se pregona por todas partes como un clamoroso rumor social por los derechos de los propietarios sobre sus bungalows, apartamentos y pisos.

Ya no vale eso de que «los temas están aparcados«. Que no hace falta alguna dejar constancia de que los diputados en el Parlamento de Canarias son representantes de la voluntad popular y no de los intereses de unas Explotadoras tiranas que solamente tratan de buscar su beneficio personal.

Ya basta

Ya basta, sencillamente, de tanta opresión contra la propiedad privada de quienes adquirieron en su día un bungalow, un apartamento o un piso y ahora se encuentran en una red insaciable de tejemanejes. Lo de tantas veces dentro de la picaresca española, en la que siempre se benefician y se lucran, impunemente, unos águilas depredadores que han actuado, que actúan, y esperemos que se frene ya el tema, sobre cuantos, en base a sus ahorros, a su trabajo y esfuerzos se hicieron un día con un bungalow, un apartamento o un piso.