Las asociaciones de Vecinos Amurga Juan Grande, Famara de Aldea Blanca, Los Salineros del Matorral y la Plataforma de Afectados por las Avalanchas de Tierra en el Castillo del Romeral han cursado una denuncia por la situación que llevan viviendo durante años y que se ha visto agravada por la ocupación de placas fotovoltaicas.

Según manifiestan, la instalación de placas fotovoltaicas y molinos en la zona de entrada al municipio de San Bartolomé de Tirajana está llegando a una situación insostenible por los altos niveles de contaminación y la incapacidad de poder vivir cerca del lugar.

La querella recoge las quejas por la afección tanto a la salud física como mental de las personas que tienen su residencia en zonas cercanas. Afirman que ha habido un aumento de la contaminación en el aire, la flora y la fauna, ya que el polvo en suspensión, la acumulación de tierra o el propio ruido de las obras hace imposible vivir cerca de las obras.

Una situación que vienen sucediéndose desde el año 2014 y donde aún no han obtenido respuesta alguna. Llevan denunciando que las máquinas no cumplen la normativa en materia de contaminación, de hecho, una de ellas sigue en pleno funcionamiento a pesar de que hay una sentencia de cierre de actividad.

Los juzgados les han dado la razón, pero no han tomado medida alguna contra la situación. Además, llevan exigiendo desde el año 2020 los informes de impacto medioambiental al Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica.

A ello se le suman las 665 firmas que se entregaron en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en junio de 2021 para solicitar, tanto a los ayuntamientos como a las concejalías pertinentes, los documentos necesarios que avalan esta construcción y su impacto. Algunas de las cosas que denuncian son el uso de activos químicos que se han prohibido por su alta toxicidad que, según informan, han aumentado enfermedades como asma, alergias nasales u oculares, entre otras. Aclaran que el nivel de calidad del aire es pésimo. También consideran que Instituciones Penitenciarias debería de decir algo, ya que se encuentran en una zona muy cercana al lugar y lo sufren de primera mano.

Las agrupaciones vecinales creen que se deben de tomar ciertas medidas cautelares como, por ejemplo:

  • Eliminar los montículos de tierra y escombros que se están dejando en la zona.
  • Densificar e instalar barreras vegetales con las especies adecuadas y que produzcan un tapete natural. • Humedecer el terreno.
  • Aplicar la legislación y normativa sectorial, territorial, ambiental y sobre la salud que está estipulada.

Entienden que estas obras tienen un impacto significativo que vulnera sus derechos a tener una calidad de vida digna. Las diferentes agrupaciones se sienten abandonados por las autoridades que, tras varios años, no han contestado a ninguna de sus peticiones, demostrando que no les importa el deterioro físico o mental de las personas que viven cerca de la zona de obras. Lo único que piden es una solución para una situación que ya se ha prolongado cerca de 10 años y que no parece tener un final cercano.