El Gobierno del PSOE abonó esa alta calidad en mascarillas a la empresa radicada en Zaragoza, sin experiencia, sin comprobaciones, y cuyas cuentas fueron rechazadas por el plenario de la Audiencia de Cuentas
Se cierne y pasa, por las cercanías del socialismo canario, un escándalo que salpica a la sociedad española desde ayer. La detención de Koldo García, hombre de confianza del ex ministro, José Luis Abalos, que obtuvo extraordinarios beneficios con la compra de mascarillas durante la pandemia del covid. Una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL sin experiencia de gestión alguna en el mercado y que obtuvo ni más ni menos que 12,2 millones de euros del Gobierno de Canarias.
¿Cómo es posible que una empresa sin experiencia, sin comprobación, ubicada en Zaragoza, lograra llegar al Gobierno socialista de Canarias, bajo la presidencia de Angel Victor Torres, hoy ministro en el gobierno de Pedro Sánchez?
la actualidad se encuentra en los primeros movimientos de una operación que se presume, en toda la prensa española, como de largo alcance, y con un recorrido en el que ya, de momento, aparece el Partido Socialista Obrero Español. ¿Una casualidad?
Se trata de una empresa, por otra parte, con la que, además, hubo unos severos problemas de calidad en el producto, un significativo retraso, ausencia de comprobación y de otros errores que, sin embargo, no impidieron que la operación de determinados responsables del Gobierno de Canarias, continuaran adelante con la operación que ahora se ha convertido en un escándalo de alto relieve en sus inicios y que promete días de intensidad informativa en el entorno del Gobierno de Angel Víctor Torres, y que ya se siente salpicado por la dimensión de los primeros datos de los que va informando y determinándose en el proceso de investigación y a través de los diferentes medios de comunicación.
Una operación del gobierno socialista de Angel Víctor Torres, que ya se ha envuelto en una polémica de alta envergadura, y en la que ya aparecen los primeros nombres de responsables políticos: Julio Pérez, consejero de Sanidad, Blas Trujillo, Conrado Domínguez, director general de Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, Alberto Pazos y María Pérez,
Unas gestiones que fueron rechazadas, en su día, por el plenario de la Audiencia de Cuentas, por «posibles infracciones contables«.