Es la primera vez que ayuntamientos canarios de diferentes islas se unen para emprender y defender una iniciativa legislativa municipal común.
Los 13 municipios que integran la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias se agruparán para pedir al Parlamento autonómico que tramite su proposición de Ley de Municipios Turísticos de Canarias.
El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este viernes que el municipio se sume a los otros 12 que conforman la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), para ejercitar una iniciativa legislativa municipal encaminada a que el Parlamento autonómico tramite y apruebe su propuesta de Ley de Municipios Turísticos de Canarias.
El objetivo que persigue esa ‘Agrupación Especial’ de los ayuntamientos grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán; de los tinerfeños Arona, Adeje, Guía de Isora, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide; de los lanzaroteños Teguise, Yaiza y Tías, y de los majoreros Pájara, La Oliva y Antigua, es que se les reconozca legalmente con esa precisa categorización jurídico-administrativa.
Defendida por los ayuntamientos turísticos en distintos foros desde hace muchísimos años, esta es la primera vez que esta propuesta de legalización del reconocimiento turístico se aborda con perspectiva de poder salir adelante por su amplitud de miras y carácter generalizado. A su vez, es también la primera ocasión en que municipios canarios de distintas islas se unen para tramitar una iniciativa legislativa común y concreta como ésta.
La Asamblea General de la AMTC ya acordó en su sesión del pasado 17 de junio formalizar el ‘agrupamiento especial’ que exige la legislación autonómica de régimen local para emprender la iniciativa legislativa municipal. En concreto, el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias otorga dicha iniciativa a los ayuntamientos cuando éstos actúen agrupados y siempre que representen el porcentaje de población y el número de municipios que determina el Reglamento del Parlamento de Canarias, fijado precisamente en su artículo 126.5 en un mínimo de cinco ayuntamientos que representen al menos un 10% del total de la población de Canarias.
En estos momentos la ‘Agrupación Especial’ de los municipios turísticos de la AMTC cumple con todos los requisitos para emprender la iniciativa legislativa municipal y promover una Ley de Municipios Turísticos Canarios. Según la revisión del padrón de enero de 2023, la población total del Archipiélago es de 2.202.048 habitantes, mientras que las poblaciones de los 13 ayuntamientos que impulsan la iniciativa legislativa suman en su conjunto 401.917 habitantes, es decir, 181.712 más que los 220.205 que conforman el 10% exigido por la legislación autonómica.
Las obligaciones
Entre las obligaciones que tendrán que velar los municipios turísticos destacan la conservación y potenciación de los espacios libres de uso público y sus equipamientos, especialmente de zonas verdes, parajes naturales, playas, instalaciones deportivas, parques públicos y centros de ocio y esparcimiento colectivos; adoptar medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje, así como actuaciones para potenciar la movilidad sostenible; dedicar una parte de los ingresos procedentes del uso de los recursos turísticos al mantenimiento, protección, mejora y enriquecimiento de los mismos; y establecer canales de comunicación para que los grupos de interés planteen mejoras o alerten de malas prácticas en el ámbito turístico con la finalidad de erradicarlas progresivamente.
En cuanto a las obligaciones respecto a los servicios públicos específicamente turísticos, los municipios deberán cumplir con un servicio de vigilancia ambiental que incluye el control de la calidad del medioambiente y la adopción de medidas para su preservación; el refuerzo del servicio de limpieza y de salubridad, sobre todo en zonas de uso público como paseos, calles, plazas, jardines, instalaciones de recreo, playas, montes y otras zonas de gran afluencia; el control de ruidos, sobre todo en horario nocturno; el control de las contaminaciones acústicas, lumínicas y de olores y humos; el establecimiento de refugios climáticos de sombra; un servicio de vigilancia y socorrismo en playas y otro de servicio de hamacas, sombrillas y kioscos.