La moción, presentada por Kevin Paz, fue aprobada por todos los grupos políticos y por unanimidad
El Grupo Municipal Socialista de San Bartolomé de Tirajana ha defendido en el pleno de este martes una moción instando al Gobierno de Canarias a derogar con carácter urgente el Decreto Ley 2/2025, de medidas relativas al uso turístico de las viviendas, y a aprobar un nuevo decreto que paralice de inmediato los procedimientos sancionadores iniciados contra vecinos del municipio por residir en zonas turísticas. La moción contó con el apoyo de todos los grupos políticos y fue aprobada por unanimidad.
La moción, presentada por el concejal socialista Kevin Paz, denunció que la normativa actual impone una carga desproporcionada sobre los residentes afectados, a quienes se les obliga a iniciar un procedimiento para cambiar el uso de sus viviendas, reconociendo de facto que las ocupan de forma ilegal, a pesar de contar en muchos casos con títulos que acreditan su uso residencial. Según el PSOE, esto vulnera derechos fundamentales y sitúa a muchas familias en una situación de inseguridad jurídica, además de trasladar a los ayuntamientos una responsabilidad que debería asumir el Gobierno autonómico.
Kevin Paz: «San Bartolomé de Tirajana es el municipio más afectado por este modelo de gestión del territorio»
El portavoz socialista señaló que San Bartolomé de Tirajana es el municipio más afectado por este modelo de gestión del territorio con más plazas turísticas que población residente. A día de hoy, el municipio cuenta con más de 76.500 camas turísticas frente a un padrón de poco más de 52.000 personas, una cifra que, unida al encarecimiento del suelo y a la escasez de vivienda asequible, agrava una situación ya insostenible para la mayoría de la ciudadanía. De hecho, el precio del metro cuadrado ha pasado de 2.941 euros en 2021 a 4.385 euros en 2025, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna. El grupo socialista subrayó que el reciente Decreto Ley aprobado en marzo no solo no resuelve el problema, sino que complica aún más la situación al no frenar los expedientes sancionadores en curso ni garantizar una solución estable para quienes residen en viviendas afectadas por la zonificación turística.