NC-BC: El nuevo proyecto de Ley de Turismo «deja a miles de familias en el limbo jurídico«
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, justificó el voto en contra de su formación al dictamen del proyecto de ley de la vivienda vacacional impulsado por el Gobierno de Fernando Clavijo, al considerar que “no regula ni protege a Canarias, sino que la entrega a los intereses turísticos”.
González dijo que la ley va a nacer “sin consenso, sin rigor y sin alma”. Subrayó que NC-BC desechó la presentación de una enmienda a la totalidad porque “creemos en la necesidad” de regular y ordenar el uso turístico de la vivienda y porque el Ejecutivo de Clavijo “prometió diálogo y consenso”, añadiendo que una enmienda a la totalidad “no significa tragar con este texto ni con la forma en la que se ha tramitado, sin diálogo y con el rodillo político más descarado que he visto en más de 10 años en esta Cámara”.
Esther González: «Un tratado de rendición ante los lobbies»
Para la diputada nacionalista, esta ley es un “tratado de rendición ante los lobbies, las patronales turísticas y quienes no soportan que haya un modelo turístico más libre y diversificado”. En opinión de Esther González, el Gobierno autonómico ha convertido una norma que debía “responder” a un problema social en una “alfombra roja” para los grandes intereses del sector, “castigando al pequeño propietario, ignorando la realidad municipal y dejando a miles de familias canarias en el limbo jurídico”.
González reprochó al gabinete de Clavijo que haya querido “fabricar” un enemigo útil, y para ello eligiera al pequeño propietario. “Siempre es más fácil culpar a una familia que alquila su segunda residencia que reconocer el estrepitoso fracaso de la política de vivienda” del Ejecutivo canario de las dos derechas.
Como “cínico” calificó que el Ejecutivo haya introducido una disposición transitoria sobre la residencialización en las zonas de costa y se aprobara, poco tiempo después, un decreto ley que “obliga a los residentes a declararse ilegales para poder seguir viviendo en sus casas”. Personas, añadió, que compraron, escrituraron como residencial, se hipotecaron y pagan sus impuestos, y que “se les pide ahora confesarse pecadores para evitar multas”, recriminó.