La alcaldesa de Mogán exige cambios urgentes en la polémica Ley de Vivienda Vacacional aprobada la pasada semana por CC, PP, ASG y AHI
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, ha solicitado suspender temporalmente la aplicación de Actividades Clasificadas a las viviendas vacacionales anteriores a la Ley, y propone declarar las VV como actividad inocua o considerarlas actividad exenta, asemejándolas así al resto de establecimientos turísticos.
De este modo ha advertido de que miles de pequeños propietarios perderán su vivienda vacacional por la nueva regulación si el Gobierno canario no acepta las medidas propuestas.
Bueno ha explicado que de aplicarse la nueva «Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turísticos de Viviendas de Canarias«, la norma generará «inseguridad jurídica, exige requisitos inasumibles para pequeños propietarios e implica una sobrecarga insostenible a los ayuntamientos«, que deberán asumir en 8 meses.
Bueno pide al Gobierno de Canarias una disposición transitoria urgente
Asimismo la alcaldesa de Mogán ha instado al Ejecutivo regional a incorporar de forma inmediata medias correctoras concretas, asegurando que «De lo contrario será el fin de las Viviendas Vacacionales en el Archipiélago«.
La nueva regulación obliga a los ayuntamientos a evaluar y controlar las Viviendas Vacacionales como actividades clasificadas, categoría que no ha sido aplicada por falta de claridad normativa. Según el Gobierno canario esta falta de claridad ha generado una situación de indefensión a los propietarios y ausencia total de inspecciones por parte de la administración competente, que antes de esta Ley no eran los ayuntamientos.
La alcaldesa considera que esta norma “convierte a los ayuntamientos en verdugos” de la Vivienda Vacacional y que «Los pequeños propietarios de VV se encuentran ante un riesgo de perder la licencia si no cumplen con los requisitos y trámites necesarios derivados de considerar las VV como actividad clasificada«.
La alcaldesa de Mogán solicita que «de manera inmediata el Gobierno de Canarias incorpore a la Ley una Disposición Transitoria que establezca un plazo de 6 meses para aprobar un decreto que detalle claramente los requisitos que deben cumplir las VV respecto a actividades clasificadas; la suspensión temporal de la comprobación de actividades clasificadas para las VV dadas de alta antes de la Ley, mientras ese decreto no exista; y que las Viviendas Vacacionales previas en suelo residencial no se consideren contrarias al planeamiento».