La Ley fue aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado 12 de noviembre…
La Ley de la Vivienda Vacacional, que se corresponde bajo la denominación de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, «que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en las islas», continúa sin aparecer publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Una Ley que lleva implícita, consigo, una larga y compleja polémica por una serie de circunstancias ante las que, desde luego, quien no tiene ninguna culpa son las 12.000 familias de Maspalomas incursas en la problemática, y las más de 18.000 familias de Canarias, asimismo incursas en las interrogantes, el desarrollo y el proceso de su articulado.
Una normativa legislativa que ha generado y continúa generando una compleja polémica porque, sencillamente, ha habido mucha dejación de funciones por parte de los respectivos gobiernos de Canarias y parlamentarios autonómicos. Una serie de coordenadas que se arrastra desde hace, ya, largo tiempo. Tal cual hemos dejado constancia en otros artículos e informaciones por la cantidad de anomalías, irregularidades, atipicidades que convergen en el entorno de esta Ley.
¡Ay, con la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas!
De esas dejaciones e irresponsabilidades por parte de los parlamentarios autonómicos de Canarias y de los gobiernos autonómicos en sucesivas legislaturas, se ha pasado a una situación que, en nuestra opinión, resulta muy difícil de solventar en razón y en justicia. Pero las circunstancias son las que son y las que han generado la irresponsabilidad de muchos.
La ley, como señalábamos al principio, se aprobó en el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre. Y, a fecha de hoy, 8 de diciembre, continúa sin haberse publicado en el Boletín Oficial de Canarias.
Pregunta: ¿Acaso porque, tal como señala en la correspondiente información del Gobierno de Canarias «La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)«.
La consejera de Turismo, por lo visto, no se atreve a que su ley chapucera se publique para que pueda entrar en vigor. No esperaba tanta oposición y tanta crítica, ni mucho menos llamamientos públicos al boicot como el de la alcaldesa de Mogán.
El artículo expone despiadadamente lo que está sucediendo actualmente en Canarias: un gobierno que aprueba una ley, la celebra públicamente y luego ni siquiera es capaz de publicarla debidamente en el Boletín Oficial. Este hecho hace que todo el proceso no solo sea poco profesional, sino también políticamente cuestionable. La ley se dirige contra los canarios propietarios de viviendas, beneficiando a unas pocas grandes empresas de alquiler. Es un claro ejemplo de robar a los pobres para dárselo a los ricos. Debe haber corrupción.
Hay que ser sinvergüenzas para querer utilizar cualquier recurso con el unico intentar despojarnos de nuestros derechos constitucionales. Nos veremos en los juzgados Sra. Consejera de demás secuaces. Quién quiera mi propiedad que pague por ella lo que nosotros hemos pagado.
Ya se lo habian advertido desde todos los sectores sociales, alcaldes, asociaciones, colegios, unicersidades… Esta ley nació muerta y ni con todos los intentos de victimizarse por supuestos ataques, logrará que lo que es un atentado contra los propietarios llegue a legalizarse
Es una ley vergonzosa y chapucera que sólo intenta favorecer al negocio extrahotelero. Un negocio que con las nuevas tecnologias cada día está más obsoleto y al que cada vez le cuesta más conseguir hacerse con complejos para explotar pagando 2 duros a sus propietarios. Una ley que no pretende regular el negocio turístico si no que pretende de forma encubierta expulsar a los propietarios de las zonas turísticas obligándoles a ceder sus viviendas al lovi extrahotelero. ¡BATA YA SEÑORES POLÍTICOS! ¿A QUIEN QUIEREN ENGAÑAR?Los turistas van a seguir viniendo a Canarias a dejar su dinero aunque estos señores no engorden sus bolsillos. Los canarios podemos convivir con los turistas como pueblo hospitalario que somos. Su preocupación no debería ser legislar para unos pocos sino para quien les vota.
Quizás alguien se ha vuelto inteligente y se ha dado cuenta de que expulsar a la gente que vive en zonas turísticas va un poco en contra de los principios de legalidad de la Constitución y de estar dentro de la Unión Europea?
Esta consejera y el gobierno que la arropa se equivocan. Y lo saben. Pero desgraciadamente ni rectificarán ni pedirán perdón por todo el daño que están haciendo a sus votantes. Legislar a favor del grande contra el pequeño parece ser la seña de identidad de este gobierno ya que incluso el señor Clavijo considera papel mojado el documento firmado a la PALT (Plataforma de Afectados por la Ley Turística) en donde se comprometía a respetar a los residentes en el mal llamado «suelo turístico «. Por lo que se percibe, los residentes con turistas «huelen a pata de gallina». Pero las elecciones se acercan y los pondremos en su sitio.
una ley claramente neoconservadora para hacer más ricos una pequeña parte de la sociedad empobreciendo a los pequeños propietarios. Este zGobietno Canario trabaja para los grandes tenedores y explotadores turísticos. Da pena entenderlo.
La violencia institucional que se está aplicando a la ciudadanía, residente en las zonas con potencialidad turística de las islas, desde la Consejería de turismo del gobierno autonómico es brutal a causa de las políticas y leyes que han generado. Una persecución y criminalización que llevamos padeciendo desde 2013, con declaraciones despreciativos del presidente de los extrahoteleros hacia los residentes, de la persecución de explotadores turísticos denunciando a los propietarios que no quieren que su vivienda se convierta en un alojamiento turístico, la Consejería de turismo aceptando dichas denuncias e incoando más de 4.000 multas a personas por vivir en su casa …
Y todo por la servidumbre de la Consejería y el gobierno hacia el lobby turístico extrahotelero que quieren ser los únicos en beneficiarse y enriquecerse del turismo que llega a las islas y que la inversión que necesita su negocio extrahotelero sea pagada por la ciudadanía que vive en los inmuebles en complejos y edificios de apartamentos de las zonas costeras.
Por eso están dictando leyes a doc. para echarnos de nuestras casas a la ciudadanía y meter en ellas a los turistas a cargo las empresas extrahoteleras.
Está Consejería está haciendo malabares para que en sus leyes y decretos se legalice la idea de que nuestras casas son alojamientos turísticos, en lugar de viviendas.
La violencia institucional que se está aplicando a la ciudadanía, residente en las zonas con potencialidad turística de las islas, desde la Consejería de turismo del gobierno autonómico es brutal a causa de las políticas y leyes que han generado. Una persecución y criminalización que llevamos padeciendo desde 2013, con declaraciones despreciativos del presidente de los extrahoteleros hacia los residentes, de la persecución de explotadores turísticos denunciando a los propietarios que no quieren que su vivienda se convierta en un alojamiento turístico, la Consejería de turismo aceptando dichas denuncias e incoando más de 4.000 multas a personas por vivir en su casa …
Y todo por la servidumbre de la Consejería y el gobierno hacia el lobby turístico extrahotelero que quieren ser los únicos en beneficiarse y enriquecerse del turismo que llega a las islas y que la inversión que necesita su negocio extrahotelero sea pagada por la ciudadanía que vive en los inmuebles en complejos y edificios de apartamentos de las zonas costeras.
Por eso están dictando leyes a doc. para echarnos de nuestras casas a la ciudadanía y meter en ellas a los turistas a cargo las empresas extrahoteleras.
Está Consejería está haciendo malabares para que en sus leyes y decretos se legalice la idea de que nuestras casas son alojamientos turísticos, en lugar de viviendas. Nos veremos en los juzgados, y tendrán que pagar los daños y perjuicios, a los pequeños propietarios, por todos los problemas que nos han causado
La Ley que aprobaron hace más de un mes tiene un gran problema, del que no se han dado cuenta muchos, deja las funciones inspectoras y reguladoras en manos de 88 ayuntamientos, y por ende, es una forma de hacer imposible el acuerdo, debido al cruce de intereses.
La propia Consejería ha venido haciendo dejación de funciones con la Ley vigente 113/2015 así que la herencia es un desastre, un sector plagado de intrusismo y campo de cultivo para que propietarios extranjeros alquilen desde sus países sin dejar ni un céntimo en estas islas. Las plataformas de alquiler vacacional se encargan ya de deslocalizar los pagos bancarios hacia bancos extranjeros, evitando cualquier posibilidad de fiscalizar los impuestos de los ingresos que generan los alquileres semanales. La verdad, se han olvidado de lo importante, el mercado alegal y el dinero negro, con demasiada alegría; porque antes de publicar nada, ya se les ve el plumero.