El informe jurídico frena la municipalización de la publicidad y cuestiona propuestas similares en otros servicios
Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha señalado, a raíz de un informe jurídico publicado recientemente, que la municipalización de servicios públicos debe abordarse dentro de los límites que establece la normativa.
En este sentido es de señalar que Alejandro Marichal ha subrayado, de modo específico y concreto, que la municipalización “no se puede hacer desde el voluntarismo político” y advierte de “importantes obstáculos legales” en ámbitos como la publicidad urbana si no se adapta el modelo a la legislación vigente, exponiendo que «Es decir, así no se puede hacer”.
Alejandro Marichal, asimismo, ha recordado y dejado constancia que el servicio de publicidad urbana se sustenta en una concesión administrativa otorgada en 1994, cuyo contrato se encuentra vencido desde 2012, generando un escenario jurídico complejo tras años sin una solución definitiva.
Marichal: «Defendiendo los intereses del Ayuntamiento»
Desde la entrada del actual grupo de gobierno en 2023, el área de Urbanismo ha trabajado en la revisión del expediente con el objetivo de regularizar la situación, analizando distintas alternativas y recabando informes técnicos. Inicialmente se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio, pero los informes jurídicos concluyen que esta opción no es viable, por lo que se procederá a la licitación conforme a la normativa vigente.
Posteriormente ha expuesto que “En este caso se trataba de asumir a seis trabajadores y prestar un servicio básico, y aun así los informes lo hacen inviable”, ha explicado Marichal, subrayado, además, que “esto demuestra que municipalizar un servicio no es una cuestión tan sencilla como otros grupos plantean”.
El concejal advierte de que esta realidad es aún más evidente en servicios como el de hamacas y sombrillas, de mayor complejidad y volumen, para señalar que “quienes plantean su municipalización deben explicar cómo piensan hacerlo sin incurrir en los mismos problemas jurídicos” e insistiendo en que gobernar no consiste en generar titulares, sino en tomar decisiones con seguridad jurídica, evitando conflictos legales y defendiendo los intereses del Ayuntamiento.