lmpugnarán el acuerdo adoptado en el pleno de este jueves, donde se aprobó desmunicipalizar el servicio
La asamblea de trabajadores del servicio municipalizado de hamacas de San Bartolomé de Tirajana ha decidido por unanimidad que tomarán las medidas legales oportunas y realizarán las acciones necesarias para que el servicio se preste a través de una empresa pública, y sus ingresos económicos beneficien al municipio y su población. Entre otras, impugnarán el acuerdo adoptado en el pleno de ayer, jueves, en el que que se aprobó desmunicipalizar el servicio.
Los empleados rechazan las declaraciones de Alejandro Marichal e Ylenia Vega en las que afirman que el servicio no puede ser gestionado directamente por la administración pública municipal, pese a que, en opinión de la plantilla, este es un servicio de utilidad pública, esencial para los turistas, y que genera ingresos multimillonarios.
Impugnación del informe económico aprobado
Los sindicatos UGT y FSOC anuncian que impugnarán el informe económico aprobado, ya que sus datos no se corresponden fehacientemente con la realidad del servicio, mezclándolo con el servicio de quioscos sin incluir los ingresos y gastos del mismo, cuando lo que se quiere desmunicipalizar es solo el servicio municipalizado de hamacas y sombrillas. A su juicio, ese estudio incurre en esas anomalías «para poder justificar la privatización y favorecer a empresas privadas«.
La asamblea de trabajadores consideran una falsedad las manifestaciones de los concejales citados cuando afirman que el servicio no se puede prestar a través de una empresa pública municipal, comparándolo con otros servicios que no son considerados de utilidad pública, ni genera ingresos multimillonarios, como sí es el caso del servicio de hamacas municipalizado desde 1997.
Añade el comunicado que el informe económico aprobado por el grupo de gobierno en la Comisión de Estudio, creada por el grupo de gobierno municipal para desmunicipalizar el servicio de hamacas, fue votado en contra por los exconcejales de Nueva Canarias, del PSOE, y con la abstención de los técnicos municipales, una posición la de estos últimos que «deberán explicar».
Para los trabajadores, se trata de un servicio que cuenta con un alto consenso social y político, que es beneficioso económicamente para el municipio, pero que «se va a convertir en un nido de economía sumergida, de inseguridad laboral y de pérdidas millonarias para las arcas públicas y para la ciudadanía del municipio, en contra de los deseos de la mayoría social»