El mutismo se cierne sobre la redacción del borrador de la Ley de Ordenación del Turismo
Por Juan de la Cruz
Mientras más de 18.000 familias de Maspalomas y 100.000 en Canarias siguen pendientes de la problemática que se arrastra desde el año 2013, sobre el destino y el futuro de los propietarios de apartamentos y bungalós, sufriendo lo indecible por culpa de la ineficacia, irresponsabilidad e insensibilidad de los respectivos gobiernos autonómicos –Coalición Canaria-PSOE, PSOE con apoyo de Nueva Canarias y, ahora, Coalición Canaria-PP, con nombres propios como los de Paulino Ribero, José Miguel Pérez, Fernando Clavijo, Angel Víctor Torres, Manuel Domínguez...–, continúa la espera de tanto ciudadano canario afectado por aquella cruel e indigna ley, que a pesar de los pesares, sigue transcurriendo el tiempo, doce años después, generando un manifiesto daño en la moral, en la economía, en la tranquilidad de tantas y tantas familias canarias, que, además de estar cautivas de algunos malhadados parlamentarios canarios, siguen con su inquietud y su espera, lánguida, sufrida, inhumana, también votan. ¡Ojo!
El 9 de septiembre el gobierno canario señalaba que continuaba la tramitación de la nueva Ley de Ordenación de Turismo. Ese día Jéssica de León, consejera de Turismo, proclamaba que se habían recibido más 700 aportaciones, lo que nos parece poco, con tanto ciudadano abrasado por una ley desastrosa, y a cuyos responsables habría que pedirles daños con carácter retroactivo, por su hipotética mala fe contra la dignidad de tanto propietario que, a estas alturas, siguen apresados en una emboscada y en una trampa salvaje, tendida por la falta de respeto y de consideración que debieran distinguir a la clase política, que tiene la facultad de gobernar. Pero no, bajo ningún concepto, lo que quieran, lo que le apetezca, o lo que les manden otros poderes, fácticos u ocultos.
Jéssica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias
Jéssica de León: «Regulación del principio de unidad de explotación»
Ese día la citada consejera, oh casualidad, se refirió, además, a la necesidad de abordar la regulación del principio de unidad de explotación, adaptándolo a la configuración territorial y a la estructura de propiedad que caracteriza a Canarias, señalando que «Se incorporarán los nuevos canales de comercialización e intermediación turística, alineando nuestra normativa con la europea y estatal, pero desde la perspectiva de nuestras competencias autonómicas. Esto nos permitirá garantizar la calidad del servicio, el compromiso con el destino Islas Canarias y avanzar en la estrategia de descarbonización que ya estamos impulsando”. ¡Ufff…!
Del mismo modo expuso que “Es imprescindible establecer mecanismos de registro y control que permitan garantizar la calidad del servicio, la protección de los usuarios y la sostenibilidad del alojamiento turístico, que es uno de los pilares de nuestro modelo” y que «el nuevo texto deberá incorporar un régimen sancionador claro y actualizado, que regule con precisión las infracciones y sanciones, incluyendo nuevas figuras vinculadas al territorio, la sostenibilidad, la transición energética y los derechos digitales de los consumidores«.
Todavía somos muchos miles de propietarios los que nos preguntamos cómo se pudo inventar la figura de explotadores (explotadores de propietarios, en su mayoría sin corazón y ávidos de ganar pasta a costa del duelo del inmueble) y que tenían/ tienen que poner sus propios apartamentos y bungalós en manos de esos águilas humanos para pagarles trescientos u cuatrocientos míseros de alquiler a los dueños y enriquecerse, los explotadores, claro con su alquiler turístico. Y, eso, después de pasar por numerosas manos de agentes inmobiliarios, abogados, gestores, administrativos de ayuntamientos, notarios, explotadores, sin que nadie les avisara la menor…
¿Y…?
Pues eso, que ya nos encontramos a 12 de octubre, y que, a estas alturas, poco más se sabe. Pero nunca viene mal actualizar temas tan sangrantes y perturbadores, socialmente hablando, como el presente.