La consejera del Gobierno de Canarias señala que por primera vez el archipiélago cuenta con una base legal y estable para el reparto de menores migrantes
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha expresado que la declaración de contingencia migratoria, que acaba de ser notificada por el Ministerio de Juventud e Infancia, “supone un paso histórico para Canarias y para España”.
Asimismo ha añadido que tanto la aprobación definitiva del Real Decreto que fijaba la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma como la decisión de dar luz verde a la contingencia migratoria “supone que, por primera vez, Canarias cuente con una base legal y estable para el reparto solidario de los menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional”.
En esta línea, insistió en que esto va a permitir aliviar la presión a la que se ha visto sometido el archipiélago durante mucho tiempo y “va a suponer un importante avance no solo para el archipiélago sino para todo el país en su conjunto”.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias
Delgado: «Canarias ha demostrado durante años acogida y humanidad»
Candelaria Delgado destacó la labor desarrollada desde el Gobierno canario con el apoyo de toda la sociedad de las islas e insistió en que “el archipiélago ha demostrado durante años su capacidad de acogida y su humanidad, pero necesitábamos respaldo para hacer frente a una situación de colapso que se había convertido ya en insostenible tanto para los canarios y canarias como para los propios menores y que ya no podía ser afrontada en solitario”.
La consejera puso de manifiesto que el nuevo mecanismo adoptado permitirá descongestionar los recursos de acogida en las islas y garantizar una atención digna, humana y de calidad a los menores que llegan a Canarias.
Por otro lado, Candelaria Delgado hizo un llamamiento a la solidaridad de las comunidades autónomas y apeló a la necesidad de “contar con una respuesta solidaria y coordinada, en la que todas las autonomías compartan la responsabilidad, teniendo en cuenta que todos los niños y niñas deben ser atendidos porque cuentan con los mismos derechos vivan donde vivan”.