17,000 familias se encuentran afectadas en Maspalomas por la soez y cruel Ley de Renovación y Modernización Turística.
Por Juan de la Cruz
La disparatada y malhadada Ley de Residencialización Turística, que un día aprobó el Parlamento de Canarias, que casi con toda probabilidad no dispondría en aquel momento de un solo diputado con un apartamento, un bungalow o un piso en suelo turístico y en manos de una Explotadora, continúa lesionando, de forma manifiestamente bochornosa y miserable, los intereses de numerosos propietarios. Sin que nadie, en su momento, les avisara de la severidad, el daño y el trastorno que lleva originando la misma a diecisiete mil familias en Maspalomas y entre ochenta mil y cien mil familias en Canarias, en base a toda una continuada serie de daños económicos, morales, humanos, familiares…
Una Ley cruel, injusta, inhumana, indecente, inmoral
Ante una ley cruel, injusta, inhumana, indecente, inmoral, como la Ley de Renovación y Modernización Turística, a la podríamos añadir numerosos calificativos más, debieran de pedirse las adecuadas responsabilidades a aquellos parlamentarios que tanto daño causaron en su momento con su voto a miles de canarios, en lugar de defender los derechos de las gentes, y que continúan generando un daño de extraordinarios considerandos.
La imposición de sanciones a numerosos propietarios por residir o disponer de una vivienda, adquirida legalmente, con abogados, agentes inmobiliarios, administrativos municipales, notarios y otros, sin que nadie les avisara de una disposición legislativa que solo beneficia a los empresarios y a los explotadores de las sangrantes explotadoras, retorciendo la normativa y aprovechando los vacíos legislativos, es y supone algo deleznable.
Fernando Clavijo y Alejandro Marichal en la reunión del pasado 16 de marzo.
Marichal: «El siguiente paso debe de ser la derogación de la Ley 2/2013, obsoleta»
El pasado 16 de marzo Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, se reunió con Fernando Clavijo y agradecerle, textualmente «la suspensión de las sanciones a residentes en suelo turístico«. El mismo señalaba que «la nueva norma introduce cambios clave, como la regularización del uso residencial en parcelas turísticas preexistentes antes de 2017, la suspensión de sanciones por incumplimiento del uso turístico por un período de hasta tres años y la flexibilidad en la planificación municipal, permitiendo a los ayuntamientos adaptar su normativa a la realidad de cada municipio«, tal como informaba «maspalomasplus.com«.
Con la visita y conclusiones de Alejandro Marichal, tras su encuentro con Fernando Clavijo, por el Campo Internacional de Maspalomas, por fin, hasta pudimos comprobar con numerosos testimonios, se respiró un poco después de tantos años de indecentes agobios, presiones, amenazas, ante la extraña ley, su extraña conformación, sus presuntas y extrañas maniobras, que no hay forma humana de comprender, pero que beneficia, a base de bien, qué casualidad de casualidades, a numerosos explotadores. Algunos de ellos, presuntamente, inhumanos, desconsiderados de toda desconsideración, con el todo por la pasta, que explotan los complejos sin ningún tipo de convenientes, y apretando las clavijas, como si fueran sus dueños, a los propietarios bajo la égida de los explotadores.
Aprovechando las circunstancias: Bajos alquileres a los propietarios, entre 300 y 350 euros, para su explotación –¡qué gran palabra!– pleno dominio de los complejos, ante el desconocimiento de esa normativa por parte de la inmensa mayoría de los propietarios, y hasta el insólito colaboracionismo de algunos dueños de apartamentos o bungalows, en contra de los intereses de la comunidad de los que esos mismos colaboracionistas forman parte.
Asimismo Marichal señalaba que «el siguiente paso debe de ser la derogación de la Ley 2/2013, que califica de obsoleta«.
Esther González (NC): «La suspensión temporal de las multas abre la vía a expulsar a 100.000 familias»
Tras un mínimo período de unos escasos de cierta «tranquilidad» con las declaraciones de Alejandro Marichal, después de tras años de tensiones, de desencuentros, de injusticias miserablemente explotadoras, el pasado jueves la parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González procedió a alertar de que el decreto ley de suspensión temporal de las multas a los propietarios de residencias en zonas turísticas abre la vía a expulsar a 100.000 familias, principalmente ubicadas en el sur de las islas, y denunciando que la norma del Gobierno de CC y el PP coloca a los afectados con viviendas “legales” en una situación de desprotección absoluta al obligarles a declararse “ilegales” para suspender las sanciones económicas.
¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Qué pasará con las diecisiete mil familias de Maspalomas afectadas y las cien mil en Canarias?
Se necesita, pues, una declaración urgente al respecto, para tranquilidad de todos los propietarios de apartamentos y bungalows en Maspalomas, más de diecisiete mil familias
Invitación a PP-AV, CC, PSOE y NC-BC en San Bartolomé de Tirajana
El pasado viernes desde «maspalomasplus.com» invitábamos a que Coalición Canaria y Nueva Canarias mantengan la máxima transparencia, Y desde estas páginas hacemos extensiva dicha invitación a que junto a los dos partidos citados, los otros dos que conforman el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, PP-AV y PSOE. también pronuncien al respecto.
A lo que debemos de añadir que ninguno de ellos debieran de jugar, ni un solo instante, con una sola familia afectada por una ley vomitiva que daña sensiblemente a una buena parte de la sociedad canaria.