El Gobierno de Canarias actúa de este modo «para no complicar la situación frente a las autoridades europeas».
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha traslado este lunes que Canarias renunciará a los 10 millones de euros de fondos europeos con los que se cofinanció la compra de mascarillas que afectan al caso Koldo. La consejera ha indicado que ha «descertificado» estos fondos porque «nos complicaría la situación frente a las autoridades europeas».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, Asián ha indicado que normalmente la comunidad autónoma anticipa los fondos que posteriormente llegan desde la Unión Europea, unos fondos que se han de justificar.
Millones justificados
En el caso de las compras que atañen a las mascarillas del caso Koldo, estas sí se adquirieron y se justificaron al estar dentro de los programas previstos de los fondos europeos, sin embargo, Asián justifica que lo han descertificado «para no darle mayor transcendencia a un tema que ya nosotros conocemos por los avances que tenemos al respecto, que no debían de certificarse a la Unión Europea y recibir fondos».
Matilde Asián, Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias
Asián ha recordado que en esos suministros se han detectado posibles irregularidades, como compras a un precio superior al de mercado (los hechos remontan a los primeros meses del estado de alarma, marzo y abril de 2020) y material entregado cuya calidad era inferior a la encargada, por lo que la comunidad autónoma ha preferido ahora asumir con sus recursos la parte que cargó a fondos europeos.
Investigación
Al respecto de quién asumirá el coste de esos 10 millones de euros que se han descertificado, Asián ha indicado que estudiarán a «fondo» tanto con el Servicio Canario de Salud «que tendrá que exponer las cuestiones detalladas de la contratación», como con los datos de su consejería para ir posteriormente a los servicios jurídicos, que decidirán la posición de la comunidad autónoma.
La Fiscalía europea ya investiga por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama del llamado caso Koldo.