Clavijo llama a la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales de Canarias para dar la «batalla» contra el pacto Estado-Generalitat.
El presidente Fernando Clavijo ha anunciado hoy que el Gobierno de Canarias dará una “batalla política y jurídica” en defensa de una financiación justa para el archipiélago. De cara a esta ofensiva, el jefe del Ejecutivo autonómico y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han propuesto a los grupos parlamentarios un frente común con el que combatir amenazas como la salida de Cataluña del sistema de financiación común y la condonación de la deuda aprobada hoy en Consejo de Ministros.
Clavijo ha informado a los portavoces sobre las consecuencias que tendría para el archipiélago el acuerdo entre el Estado y la Generalitat para Canarias. Según cálculos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la salida de Cataluña del régimen común supondría para las islas la pérdida de 2.457 millones de euros anuales.
Clavijo explicó que los criterios aplicados por el Gobierno español para condenar deuda a las comunidades autónomas provocan que Canarias “salga peor de lo que entra”. El presidente indicó que Hacienda perjudica al archipiélago en 1.700 millones de euros al fijar un tope del 50% en la quita, cantidad que se incrementa al descontar también el superávit financiero de los últimos años.
A su juicio, se trata de criterios “discriminatorios” contra los que el Ejecutivo autónomo va a luchar “haciendo su tarea” con toda una “estrategia política y jurídica”, empezando por trabajar para que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros se corrija a su paso por el Congreso de los Diputados. “Lo justo es que a los canarios se les condene la misma deuda que a cada catalán”, indicó tras criticar que el Estado haya optado por penalizar a Canarias siendo el territorio que ha gestionado sus recursos con rigor y seriedad.
Clavijo: «Cerrar filas en defensa de Canarias»
Clavijo hizo un llamamiento por tanto a “cerrar filas en defensa de Canarias” para exigir al Estado “como una sola voz lo que es nuestro”. Recordó que este “modo canario” de hacer política ya ha dado buenos resultados ante otros desafíos del archipiélago como la migración, por lo que espera que todos los grupos parlamentarios secunden una alianza por una financiación autonómica justa y no por un sistema que genere “ciudadanos de primera y de segunda”. “Están en juego nuestros servicios esenciales”, afirmó el presidente tras recordar que la pérdida de financiación estatal pone en riesgo “la educación, la sanidad y el sistema de protección social«.
Clavijo agradeció a la Consejería de Hacienda el informe entregado a los grupos parlamentarios sobre las amenazas que se ciernen sobre la financiación de Canarias. El documento recuerda que el 75% del presupuesto de Canarias depende de los fondos que llegan del sistema de financiación autonómico, un dato que evidencia que las transferencias del Estado constituyen la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que mantienen servicios esenciales como la sanidad y la educación. El Sistema de Financiación Autonómicos es el conjunto de recursos, tributos cedidos y transferencias, destinados a financiar la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas de régimen común, entre ellas, los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. El modelo en vigor desde el 1 de enero de 2009 se sustenta en el principio de solidaridad interterritorial, contemplado en la Constitución.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias defiende que el nuevo modelo, en el caso de concretarse, cuente con los recursos adicionales suficientes y respete como mínimo el grado de nivelación o solidaridad del SFA actual en el que ninguna comunidad autónoma presente una distancia negativa con la media superior en torno al -5%. Un grado menor de solidaridad perjudicará a las CCAA con menor recaudación tributaria, como Canarias.
«Hay que tener presente que si hay un factor geográfico que supone una diferencia sustancial en cómo se prestan los servicios públicos frente a las otras CCAA, es la “ultraperificidad”, por lo que el peso de la variable insularidad en ningún caso deberá descender frente a su ponderación en el sistema de financiación actual.