El Servicio Canario de Salud formalizó el contrato el 20 de abril de 2020 con una empresa que se constituyó ante notario un día más tarde
El «Caso Koldo García», asesor y persona de confianza del ex ministro de Transportes, José Luis Abalos, continúa avanzando paso a paso, sin pausa alguna, en Canarias, mientras se estrecha el círculo cada día un poco más a la supuesta implicación del gobierno socialista de Canarias, cuando estaba presidido por Angel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias, y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En este sentido el periódico «Tiempo de Canarias» publica una amplia información. La trama ha dado ahora un nuevo que impacta en la línea de flotación del Gobierno de Angel Víctor Torres, cada vez más sitiado por la expansión del «Caso Koldo García«. Ahora se acaba de conocer de la aceptación y aprobación por parte del Servicio Canario de Salud, en fecha de 20 de abril del año 2020, de la empresa Sanitary Traders Spaind SL, a fin de proceder a la compra de material sanitario por un importe de 1,3 millones de euros.
Lo sorprendente del caso, que se convierte en escandaloso de todo punto, radica en que la empresa Sanitary Traders Spaind SL, se formalizó ante notario como tal, el 21 de abril de 2020. Esto es, curiosa y sorprendentemente, un día después. Según consta en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Así mismo es de señalar, según informa el periódico «Tiempo de Canarias» que «La Agencia Tributaria facilita normalmente el día posterior a la escritura societaria el número de identificación fiscal, con el que se puede formalizar la operación de compra-venta. Pero, debido a que esto sucedió durante uno de los peores meses de la pandemia, hace difícil discernir que la constitución de la sociedad se pudiera llevar a cabo en los plazos normales. Igualmente, la empresa no aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta el 18 de mayo de ese mismo ejercicio, casi un mes después de que el Gobierno ordenara la compra«.
Asimismo es de dejar constancia de que el convenio público de adjudicación incumple así la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a las administraciones a solo realizar contratos con empresas que dispongan de identificación fiscal.
El desglose del pedido fue de 133.300 mascarillas quirúrgicas, a razón de 0,99 euros la unidad, por un importe global de 131.967 euros; 133.300 mascarillas FFP2, a 2,95 euros la unidad, por 393.235 euros; y 133.300 batas, a 5,95 euros la unidad, por 793.135 euros. La suma total fue 1.318.337 euros parala citada empresa Central de Saitary Spian SL.
El material sanitario no llegó de golpe al Archipiélago, sino que lo hizo en plazos, con lo que se dividió el número de facturas. En total fueron cinco recibos que se dividieron en 537.880 euros, 427.150 euros, 255.255 euros, 212.059 euros, 183.342 euros y 129.800 euros.
Este caso se viene a unir a los que, paulatinamente, como se viene publicando por numerosos medios informativos une a otros de la trama y del «Caso Koldo García» que está salpicando al ejecutivo presidido por el socialista Angel Víctor Torres. Y en el que ya han aparecido otros nombres como los de Julio Pérez, consejero de Presidencia en el citado Gobierno,
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