El Ministerio de Vivienda ha notificado a las principales plataformas digitales la existencia de 8.698 pisos turísticos ilegales en Canarias.
Asimismo se ha solicitado por parte del Ministerio de Vivienda a las plataformas que retiren de forma inmediata sus anuncios online.
En este sentido es de señalar que, según la notificación del departamento ministerial, Ministerio, se trata de una serie de inmuebles que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero especificándose que «inscripción fue revocada al no cumplir los requisitos legales«. Aun así, es de señalar muchos de ellos continúan comercializándose a través de varias plataformas.
El municipio de San Bartolomé de Tirajana es el segundo de Gran Canaria con 637 pisos turísticos ilegales. El primero es el municipio tinerfeño de Adeje, que cuenta con un total de 765 licencias revocadas.
Canarias, segunda comunidad con más pisos en esta situación
La Comunidad Autónoma de Canarias es la segunda comunidad con más pisos en esta situación, localizando el 16,14% de las viviendas vacacionales irregulares del conjunto del país.
El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado la orden de retirar los anuncios de estos inmuebles para su explotación turística por ser una medida «concreta, efectiva y real, frente al vacío que representa el Gobierno de Canarias (CC-PP) en materia de vivienda».
España se ha convertido en el primer país europeo en contar con un Registro único de alojamientos temporales, creado en colaboración con el Colegio de Registradores y operado mediante la Ventanilla Única Digital, herramienta que cruza los datos de las solicitudes con los anuncios en internet. El objetivo es reforzar el control y poner coto al fraude en los alquileres turísticos.
Desde que este sistema entró en funcionamiento el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes en todo el país, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a viviendas de uso turístico. Sin embargo, 53.786 solicitudes han sido revocadas (20,3%) por incumplir la normativa.