Marichal: “Si una persona mayor recibe una ayuda de Canarias para afrontar mejor el coste de la vida, el Estado no debería quitarle dinero de su pensión”
Coalición Canaria llevará al pleno de San Bartolomé de Tirajana una moción para reclamar al Gobierno de España que modifique la normativa estatal y permita que el complemento autonómico a las pensiones no contributivas no compute como ingreso económico.
La propuesta de Alejandro Marichal, portavoz de Coalición Canaria, busca proteger a miles de personas mayores y personas con discapacidad que viven con ingresos mínimos y que, actualmente, pueden ver reducida o incluso anulada su pensión por recibir esta ayuda complementaria impulsada por el Gobierno de Canarias.
En Canarias existen actualmente cerca de 42.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas, según datos oficiales del IMSERSO correspondientes a 2026, entre pensiones de jubilación e incapacidad. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, y tomando como referencia la población del municipio y la proporción autonómica de beneficiarios, la estimación ronda el millar de vecinos que podrían verse beneficiados directamente por esta modificación normativa.
Marichal: “Defender Canarias también significa defender a quienes más necesitan apoyo«
La moción de CC busca evitar que las personas mayores y las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva puedan perder parte de su prestación por recibir una ayuda del Gobierno de Canarias destinada precisamente a mejorar su situación económica.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado un complemento de 400 euros anuales para ayudar a las personas con menos recursos, pero la normativa estatal puede considerar esa ayuda como un ingreso adicional y provocar que se reduzca la pensión estatal. Por lo que Alejandro Marichal ha manifestado que “Si una persona mayor recibe una ayuda de Canarias para poder afrontar mejor el coste de la vida, no puede ocurrir que después el Estado le quite dinero de su pensión”.
Marichal señaló que esta situación afecta especialmente a personas mayores que cobran prestaciones mínimas tras toda una vida de dificultades económicas, así como a personas con discapacidad que dependen de estas ayudas para afrontar gastos básicos como la alimentación, la vivienda o los medicamentos, subrayando que “Defender Canarias también significa defender a quienes más necesitan apoyo» y que «No podemos permitir que una ayuda pensada para aliviar la situación de las familias termine convirtiéndose en un problema por culpa de una normativa estatal que no tiene en cuenta la realidad de las islas”.
La moción también reclama al Gobierno de España que adapte la normativa estatal a las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, marcada por la insularidad, la lejanía y el mayor coste de la vida, defendiéndose que las políticas sociales impulsadas desde Canarias puedan llegar de forma real y efectiva a quienes más lo necesitan.