Sorprende que, tras la suspensión de las «sanciones» a los propietarios, ningún partido político se haya pronunciado ante la decisión de Clavijo.
Por Juan de la Cruz
¡Qué cansancio, hartazgo y castigo con la Ley de Turismo, aprobada en su día por el Parlamento de Canarias, y en cuya sede, casi seguro, no debería de haber ningún parlamentario (salvo ingenuo error) que hubiera adquirido un bungalow o un apartamento turístico en suelo turístico, con una sangrante explotadora, como tantas, al medio.
El hecho cierto es que la Ley de Turismo descargaba y sigue descargando una tremenda mala leche en Maspalomas y en Canarias que ha tenido –y sigue teniendo– acongojados a diecisiete mil propietarios y familias en Maspalomas, y a setenta mil en toda Canarias (aunque ahora hayan «suspendido» la sanción– con el rollo macabeo del suelo turístico.
¿Por qué no se pensó antes la planificación del suelo turístico y las características, claras, de sus construcciones, bungalows o apartamentos, de una forma absolutamente legal, con escrituras, con la intervención de numerosos profesionales en los diferentes sectores al medio, sin que nadie avisara a los compradores de lo más mínimo de esta malhadada ley, y que, muy a posteriori, se les diga que les pueden sancionar por residir en su propia casa y no entregarla a una Explotadora»? ¿Qué cachondeo es éste, jugando con tanta mala leche contra 17.000 propietarios en Maspalomas y 70.000 propietarios en Canarias? ¿Cómo se puede sancionar a un propietario por residir su propiedad y, sin embargo, beneficiar a otros?
Fernando Clavijo y Alejandro Marichal en la reunión mantenida días pasados…
Marichal: «El siguiente paso debe ser la derogación de la Ley 2/2013»
De este modo, tras tanto tiempo con esa cruel decisión del Parlamento de Canarias, Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde en San Bartolomé de Tirajana, agradecía hace escasos días al presidente de Canarias «su mediación para la aprobación de la suspensión definitiva de los procedimientos sancionadores a los residentes en suelo turístico«, por un período de tres años, apuntamos, señalando además que «el siguiente paso debe de ser la derogación de la Ley 2/2013«, que califica de «obsoleta y perjudicial para la gestión del suelo en Canarias«, permitiendo, además, «adaptar su normativa a la realidad de cada municipio» y que «No tiene sentido seguir penalizando a propietarios de viviendas que llevan décadas en estas zonas”.
Solicitar daños morales y económicos a los responsables
No estaría mal que ante el reconocimiento de Clavijo y Marichal de lo expuesto anteriormente, se estableciera una reclamación por daños morales y económicos a los responsables de tal desaguisado, que tanto ha perjudicado en largos años, a muchas familias de Canarias, por haber adquirido, legalmente, un bungalow o una vivienda, y, encima, sentirse amenazado por una Ley presuntamente cargada de intereses de terceros,
Se supone que el caso era, entre otros, beneficiar a los explotadores de las explotadoras, que adquirían un poder absoluto sobre viviendas ajenas, bungalows y apartamentos, que tenían que pasar a la administración turística de tales empresas. Lo que no hay forma de entender tantos años después, por culpa del Parlamento de Canarias.
El caso es que las Explotadoras llegaban, marcaban su territorio y actuaban como un elefante en una cacharrería, abusando groseramente de un poder, del que no disponen, pero, eso sí, controlando de pleno todos los movimientos internos de los complejos, beneficiándose de este desmadre, ante la indefensión de los propietarios, ignorantes de esa perturbadora ley, que ha causándoles unos daños morales de relieve moral, económico y humano.
Nadie avisaba a los compradores de sanciones y tener que dejar su propiedad a una Explotadora
Nadie avisaba a los esforzados compradores de bungalows y apartamentos, con numerosos sacrificios, esfuerzos, préstamos y otros, sin que ninguno de los intervinientes en la operación de compraventa –vendedores, agentes inmobiliarios, abogados, expertos de la administración municipal, explotadoras, notarios y otros– informara a setenta mil canarios, de que al adquirir una propiedad de las citadas deberían de dejarla en manos de unos crueles explotadores que habrían de exprimir a los mismos, porque esas propiedades se encuentran en suelo turístico, a cambio de unos escasos euros mensuales de «alquiler». ¡Qué dislate, sí! ¿Pero cuánto dinero se han llevado esas explotadoras por la decisión del Parlamento de aquellos tiempos y cuánto se ha desgarrado a los propietarios legales, ante una rocambolesca decisión que despide un hedor insoportable?
¿Sanciones a un propietario por residir en su vivienda, en su propio bungalow, en su apartamento? Quizás algo debería de estar acaeciendo, presuntamente, en el ámbito empresarial, turístico y político para que algunos llenaran las cuentas corrientes y campando a sus anchas.
¿Cúal es la opinión de los demás partidos políticos ante esta situación? El ciudadano tiene derecho a saberlo.
¡Cuanta injusticia consentida y cuanto daño contra 70.000 familia canarias…! Y al propietario ¿quién le paga sus pérdidas y el daño mora padecido?