La PALT envía una carta a los diputados, en nombre de miles de canarios, rechazando que el Proyecto de Ley no se apruebe en los términos redactados
Por Maribe Doreste
Estimadas diputadas y diputados, Maribe Doreste Salamanca en nombre propio y como presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística por medio del presente escrito manifiesto mi rechazo y el de miles de canarios a que el proyecto de Ley se apruebe en los términos redactados y digo:
Mi casa es una vivienda, mi apartamento o bungaló no es una unidad alojativa y no debe ser considerada así.
Los residentes no debemos estar en una Ley que regula la actividad de vivienda vacacional. Por tanto, la disposición transitoria sexta sobra y, además va en contra de la Ley de Emergencia Habitacional, pido que se elimine. De igual manera deberían considerar eliminar el decreto Ley 2/2025 por ser una extrapolación de esa disposición transitoria sexta que no es posible aplicar. En cualquier caso, Los usos legales consolidados deben ser respetados por la Ley.
Los derechos indemnizatorios por la limitación del uso que he ostentado siempre y que ahora esta Ley limita, deben contemplarse en la Ley, así como su reforzada y motivada justificación para privarme de ellos. También qué administración competente asumirá el coste de estos.
El derecho a una vivienda no puede supeditarse a una actividad económica
La futura Ley, debe contemplar los usos mixtos, tal y como se recogen en el PTPOTI, en el PIO aprobado recientemente y en la propia Ley 2/2013.
El derecho a una vivienda digna no puede supeditarse a una actividad económica. Esto no es sostenible socialmente. Ni tampoco responde a criterios de Justicia Social y Espacial. EL RESULTADO DE LA LEY QUE PRETENDEN APROBAR ES QUE EL GOBIERNO DE CANARIAS NOS OBLIGA A LOS MILES DE CIUDADANOS QUE VIVIMOS EN LAS ÁREAS HÍBRIDAS DEL LITORAL A CONVERTIR NUESTRAS CASAS EN VIVIENDAS TURÍSTICAS, justamente lo contrario a lo que se dice que persigue la Ley.
Están ustedes en récord turístico, 18 millones y no han hecho falta nuestras casas.
Además, el proyecto de ley que debería tener como simple finalidad ordenar las condiciones de ejercicio del alquiler vacacional en realidad lo que persigue es prohibir que pueda ejercerse la actividad en apartamentos y bungalós de las zonas turísticas de toda Canarias. Y, no sólo eso, sino que además reproduce los conceptos de la Ley 2/2013, la del parque temático, porque al parecer el suelo se especializó sin que nadie lo advirtiera.
Privilegiar a los operadores turísticos no hoteleros a costa de la propiedad ajena
El prejuicio sobre el que se asienta, los apartamentos y bungalós no son auténticas viviendas, sirve de excusa para imponer una barrera insalvable. Y ello en aras a lo que denomina «sostenibilidad de la actividad turística» que, evidentemente, no es otra cosa que privilegiar a los operadores turísticos no hoteleros que aún resisten a costa de la propiedad ajena. Es decir, la sostenibilidad perseguida es la de unos pocos.
Las objeciones jurídicas al texto son numerosas y, como es habitual, traerá una mayor litigiosidad, precisamente por los inmuebles radicados en las zonas turísticas. Los municipios de las áreas metropolitanas ya tienen cobertura para ordenar la actividad sin necesidad de una mayor confusión que haría débiles sus regulaciones. Los municipios turísticos, por el contrario, quedan rehenes por prohibiciones y exigencias que desbordan el reparto de competencias.
Objeciones de la PALT al texto
Hay otras regulaciones recientes para afrontar el mismo «problema» que de forma más sencilla han dado respuesta a lo que se dice perseguir. En general, las objeciones al texto que la PALT identifica son las siguientes:
El proyecto de ley vulnera el derecho comunitario y estatal y, por tanto, el principio de prevalencia o primacía. Impone limitaciones y prohibiciones no amparadas en verdaderas razones de interés general, a pesar de 46 páginas de literatura. Las medidas que contempla son desproporcionadas porque imponen sacrificios excesivos que no se darían con otras que conseguirían el mismo objetivo, ordenar la oferta de viviendas vacacionales. Y además es discriminatoria imponiendo requisitos que no se exigen a otros productos turísticos.
El proyecto de ley incumple abiertamente doctrina constitucional porque no respeta el contenido esencial del derecho de propiedad y de la libertad de empresa como le exige el art. 53.1 de la CE. Al contrario, pese a estar vedado, crea contenido excediendo de la mera posibilidad de su delimitación.
El proyecto de ley invade la autonomía municipal impidiendo el libre ejercicio de la potestad de planificación general que los Ayuntamientos tienen atribuida. Y además les impone una carga administrativa excesiva a sabiendas de la imposibilidad de sus servicios para llevarla a cabo.
Trata a todos los municipios en todas las islas por igual cuando todos tienen condiciones distintas y deben tener un tratamiento diferenciado.
El proyecto de ley atropella la jurisprudencia del Tribunal Supremo cometiendo el mismo error que el Decreto que deroga. Favorece un producto turístico ya establecido y restringe/prohíbe otro protegiendo un modelo de planificación económica vedado y a los operadores ya establecidos. Esto se califica con el eufemismo «sostenibilidad de la actividad turística».
Asimismo atropella la doctrina reiterada de las Audiencias Provinciales de Canarias respecto a la inexistencia del deber de dedicar un apartamento o bungalow a la actividad turística, o de cederlo obligatoriamente, o de pagar necesariamente los gastos de la explotación.
A pesar de las disposiciones legales y de los modelos insulares, democráticos, ya aprobados, incumple abiertamente las normas territoriales sobre consolidación de uso (art. 44 bis, Disposición Transitoria séptima, art. 361) de obligada incorporación («deberán ser respetados por la administración»). Y se lleva por delante la compatibilidad prevista en el proceso de especialización de la Ley 2/2013.
En las zonas turísticas donde hay usos residenciales y turísticos, zona mixta o zona híbrida, se veda por completo el alquiler vacacional sin más razón que la que ya desestimó el Tribunal Supremo: los apartamentos y bungalows no son viviendas y, por tanto, no son aptos para el alquiler vacacional.
El proyecto de ley invade, en varios momentos, la competencia estatal en materia de derecho común (el concepto de finca, por ejemplo).
Contradice intrínsecamente conceptos que tienen otra proyección en el Decreto Ley 1/2024 (tipología edificatoria, uso asignado, compatible y complementario, y actividad, por ejemplo).
Las propuestas que contienen auguran una enorme litigiosidad
Las propuestas que contienen auguran una enorme litigiosidad que, en estos momentos, en relación con la vivienda vacacional ya es muy alta.
Y, a pesar del esfuerzo que hace para no reconocerlo, acaba fijando una indemnización por el daño que produce mediante la prórroga graciosa por cinco años. No obstante, las peticiones de responsabilidad patrimonial serán numerosísimas que, como siempre, intentarán ser derivadas a los Ayuntamientos.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que, en un ejercicio de responsabilidad, que no pongo en duda que usted tiene, defienda la vivienda en unos casos y el medio de vida en otros, de los miles de canarios y canarias que confiamos en las instituciones y en nuestros Parlamentarios a los que pedimos:
Admitan a trámite y aprueben las enmiendas que respeten el uso residencial de nuestros inmuebles adquiridos libres de carga y sin limitación de uso.
Respeten los usos consolidados.
Archiven los expedientes sancionadores y revisen de oficio los ya tramitados.
Permitan que en Canarias se desarrolle la actividad turística sin exclusión de la población en ciudades complejas, donde las tres patas de la sostenibilidad, ambiental, económica y social vayan de la mano y proporcionen felicidad y mejor vida a la sociedad anfitriona.
suscribo totalmente este artículo. Agradezco al medio que lo público(MASPALOMAS +) . Y siempre a los dirigentes de la PALT por su constante empeño en la defensa de la ciudadanía. Gracias
Desde que Jessica de León asumió el cargo de Consejera de Turismo, parece tener una única agenda: darle vida y endurecer el corrupto y claramente ilegal bajo la legislación de la UE principio de la unidad de explotación turística, siempre con la amenaza de multas.
Ahora, en plena crisis de vivienda, su nuevo proyecto de ley va todavía más lejos: pretende expulsar a miles de propietarios de sus viviendas, arrebatándoles su único techo con la excusa hipócrita del “interés general”.
Llamar “interés general” a una medida que deja sin casa a residentes de larga duración y pequeños propietarios es un acto de cinismo político insoportable.
El propio Defensor del Pueblo ya advirtió en 2019 que en Canarias no existe suelo turístico especializado, que la “unidad de explotación” vulnera el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los principios de buena regulación, y que su imposición es incompatible con el Derecho de la Unión Europea.
Aun así, la Consejería insiste en mantener un sistema monopolístico que beneficia a unos pocos operadores y condena a la población local al desarraigo.
Esto no es protección del turismo: es desposesión legalizada.
Estoy totalmente de acuerdo con Maribe Doreste. Resume a la perfección lo que muchos canarios sienten: el derecho a la vivienda nunca debe subordinarse a intereses económicos. Es incomprensible que una reforma legal que supuestamente pretende regularizar el alquiler vacacional acabe provocando el desplazamiento de residentes locales de sus hogares. En lugar de proteger a la población, el proyecto de ley favorece a los grandes operadores turísticos, en detrimento de los ciudadanos que llevan años viviendo en estas zonas. Una política verdaderamente sostenible debe centrarse en la justicia social y la calidad de vida de los residentes, no en el lucro de unos pocos.
Estamos cansados de esta batalla interminable en la que nos han sumido unos políticos que solo atienden a los intereses de las grandes empresas explotadoras. Pretenden quedarse con las propiedades de los ciudadanos para hacer sus propios negocios, arrebatando al pueblo lo que fue adquirido con años de esfuerzo y sacrificio.
Hablamos de complejos construidos entre los años 1972 y 1973, cuando aún no existía el Gobierno Autónomo. En aquel momento se adquirieron como complejos residenciales, y ahora pretenden aplicar una ley aprobada en 2013 de manera retroactiva, vulnerando nuestros derechos como propietarios. ¡Es una auténtica locura!
Nos han tomado el pelo a los ciudadanos. Prometieron ser buenos gestores, trabajar por el bienestar y la prosperidad de los canarios, pero han demostrado todo lo contrario. Se han quitado la careta, y ahora tenemos claro qué medidas debemos tomar los canarios para defender lo que es nuestro.
¿Cómo podría un diputado votar o aprobar una ley que viola claramente los derechos fundamentales de la Constitución Española, y en particular el derecho a la propiedad, en beneficio de empresas privadas especializadas en servicios de «todo incluido» que no generan riqueza local y que pretenden apropiarse del monopolio del turismo para su propio beneficio? ¿Cómo podrían los diputados aceptar la expropiación autoritaria de propiedades ajenas para empresas hoteleras privadas, con el fin de explotarlas sin pagar un céntimo, dejando al propietario, privado del disfrute de su propiedad, a cargo de los gastos de mantenimiento, las cuotas de comunidad y los impuestos, sin ser sospechoso de corrupción por parte de estas mismas grandes empresas hoteleras?
Esté gobierno nos obliga a entregar a turoperadores nuestras viviendas. El los años 70 y 80 si interesaba que compráramos. Ahora nos quieren quitar nuestras casas, bien sea primera o segunda vivienda. SON NUESTRAS CASAS.
Crece la preocupaciòn entre la ciudadanía por el abuso que está haciendo el GOBIERNO DE CANARIAS (CC-PP) a través de la CONSEJERIA DE TURISMO, al intentar expulsar a residentes de sus viviendas situadas en zonas de uso turístico con compatibilidad residencial. Esta medida, que pretende destinar dichas propiedades exclusivamente a la actividad turística, constituye una injusticia aberrante y un grave atentado contra el derecho a la vivienda y la permanencia de la población en su propio territorio. La población canaria sufre así un nuevo desplazamiento forzoso en beneficio de intereses ajenos a su bienestar y arraigo.
Hay que reconocerle a la clase política que empeño no les falta, desde 2013 llevan intentando llevar a cabo está tropelía.
Lo que no esperaban es encontrarse con un amplio grupo de ciudadanos liderados por la PALT que no se va a rendir.
Hay que reconocerle a la clase política que empeño no les falta, desde 2013 llevan intentando llevar a cabo está tropelía.
Lo que no esperaban es encontrarse con un amplio grupo de ciudadanos liderados por la PALT que no se va a rendir.
Dankeschön an PALT , die für das normale Volk kämpft und an alle Politiker, die das Volk vertreten und nicht ein paar gierige explotationsfirmen
Traducción: Gracias a PALT, que lucha por la gente común y a todos los políticos que representan al pueblo y no a unas cuantas empresas explotadoras codiciosas.
me parece increible tener que estar aqui por comentar una ley que es claramente contra los derechos de los ciudadanos. pero tenemos que hacerlo, luchar y no dejar campo libre a estos criminales que nos quieren echar de nuastras viviendas. Cara señora Maribel Doreste estamos todos con usted.
Es muy lamentable que los ciudadanos estemos luchando a día de hoy por nuestros derechos y propiedades. Lo que pretende Turismo es una expropiación encubierta para beneficiar a los de siempre que se llevan el beneficio del turismo fuera de Canarias. Gracias por dar visibilidad a este drama que estamos sufriendo miles de ciudadanos en nuestro archipiélago canario.
Quieren perpetuar la dependencia y la pobreza en Canarias, favoreciendo a empresas explotadoras y grandes tenedores de viviendas, en detrimento de los pequeños ahorradores canarios, que no olvidemos gracias a ellos empezó el turismo en el sur de Gran Canaria con capital canario.
Dejen a los canarios en paz, hay que repartir la tarta turística entre todos y no que quede el negocio turístico concentrado en cuatro caciques a costa de la explotación del pueblo canario.
No existe duele turístico es un invento, solo existe el suelo canario y nadie nos va a expulsar de nuestras propiedades.
Ya está bien de políticos corruptos, no sigan gobernando d respaldas al pueblo.