Más de 18.000 familias afectadas por la nueva Ley de Vivienda Vacacional del Gobierno de Canarias.
Por Juan de la Cruz
Aprobación el pasado miércoles de la Ley de Vivienda Vacacional –denominada oficialmente Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas— en el Parlamento de Canarias, por una mayoría de 38 votos contra 32 (CC, PP, ASG y AHI, a favor, y PSOE, Nueva Canarias y Vox en contra), ha despertado una cada día mayor inquietud en todos los propietarios de apartamentos y bungalós.
Una ley que, por sentido común, y no solo por la razón de una exigua mayoría absoluta, trata de imponer un criterio demoledor para los propietarios de apartamentos y bungalós, que llevan un tiempo enorme resistiendo numantinamente las agresiones de quienes están detrás de estas clasificaciones de los inmuebles y que supone y representa toda una discriminación de los dueños, más allá de declaraciones pomposas y oficialistas que nada tienen que ver con los esfuerzos y sacrificios llevados a cabo por los compradores en su día.
Jéssica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias
Otra vez la Ley de injusta y abusiva
Una ley injusta y abusiva que en nada se ajusta a los criterios de cuantos las adquirieron legalmente, mientras, de día en día, crece la indignación de tantos propietarios que se sienten tratados injustamente y maltratados por el Gobierno de Canarias, siguiendo las tesis de la presión del llamado sector extrahotelero, que domina de forma sorprendente apartamentos y bungalós que no son suyos, para su mayor engrandecimiento económico, gracias a una Ley insana, soez, burda y abusiva.
Cada partido político sabrá lo que hace. Aunque en buena lógica debieran de tratar de buscar los mejores puntos de encuentro en pro de las gentes canarias y de tanto comprador de un apartamento o de un piso con la meridiana legalidad de haber pasado por todos los procedimientos legales hasta adquirir los inmuebles correspondientes, escrituras incluidas, tras pasar por consultas inmobiliarias, de asesorías, notarias y otras.
¿Qué intereses existen, pues, en desbaratar, de modo burdo y soez, una normativa social y tratar de perjudicar a 12.000 propietarios en Maspalomas y a más de 18.000 en todo Canarias?
¿Habrá que continuar sacando a colación y esgrimir los argumentos, bien fundamentados con base en el estado de derecho, de Maribel Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley de Turismo? ¿Por qué ese empeño, continuado y persistente de los más poderosos en base al apoyo del Gobierno de Canarias, que hoy formalizan Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente?