Nueva Canarias subraya que «Marco Aurelio frena las oposiciones a la Policía Local y las utiliza como herramienta local»
Henríquez ha recordado que, tras años de abandono en materia de seguridad, en la pasada legislatura se impulsaron los expedientes administrativos para convocar 69 nuevas plazas de policía en tres procesos selectivos, con el objetivo de duplicar la plantilla. Sin embargo, la mala gestión actual ya provocó la pérdida de 12 plazas en una convocatoria anterior y, ahora, 32 nuevas plazas corren el mismo riesgo.
Al respecto, ha dejado constancia de que “No podemos permitir que la incompetencia y la dejadez sigan frenando el refuerzo de la Policía Local» y que «la seguridad del municipio no puede quedar a merced de la falta de acción del concejal de Seguridad”.
Denuncia del crecimiento incontrolado de delincuentes y venta ambulante ilegal
Asimismo ha subrayado que «la ausencia de agentes en las calles ha permitido el crecimiento descontrolado de venta ambulante ilegal, falsos masajistas, delincuentes que aprovechan el descuido de los bañistas para robar en hamacas, y tiqueteros que ofertan excursiones de dudosa legalidad y calidad».
Un problema que, señala, afecta especialmente a zonas clave como San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas y Meloneras, donde la falta de vigilancia policial ha generado un efecto llamada para estas actividades ilícitas. A ello se suman graves problemas de tráfico en San Fernando y El Tablero, la ocupación irregular de zonas de carga y descarga, y el incremento alarmante de venta ambulante en los paseos marítimos, que perjudica a comerciantes y desvirtúa la oferta turística.
Una amplia serie de problemas por lo que exige al alcalde «que intervenga de inmediato para desbloquear el proceso selectivo, garantizar su transparencia y evitar que la inacción del concejal de Seguridad ponga en riesgo la seguridad ciudadana y la credibilidad del Ayuntamiento«
Finalmente Henríquez solicita la publicación inmediata de los resultados provisionales de las pruebas físicas, la apertura de un expediente administrativo para esclarecer las responsabilidades en la paralización del proceso y en caso de que no este debidamente justificada esta demora de casi ocho meses, decrete el cese del actual Tribunal Calificador, y la designación urgente de uno nuevo, adoptando de medidas correctivas para reanudar el proceso y fijar una fecha para la siguiente fase de la oposición.