La alcaldesa Onalia Bueno defiende la legalidad del tributo verde de 0,15 céntimos diarios y rechaza la sentencia del TSJC por considerarla incoherente
El Ayuntamiento de Mogán considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justifica de Canarias que declara nula la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios y la realización de Actividades derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad, incurre en errores jurídicos sobre la autonomía local, contradicciones al reconocer y luego negar la finalidad sostenible del tributo, y apreciaciones no fundamentadas sobre la definición del hecho imponible y el cumplimiento del principio de equivalencia. Por ello, el Consistorio interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Mogán acusa al TSJC de contradicciones
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, subrayaron que el fallo judicial no se ajusta a la realidad del tributo, ignora la capacidad normativa de las entidades locales y pasa por alto la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento.
Los costes reales que sufraga la tasa turística de la discordia
Bueno ha rechazado la afirmación del TSJC de que las entidades locales solo pueden incrementar gravámenes existentes o crear impuestos. Según explicó, la legislación vigente permite a los municipios crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales, como, sostienen, ocurre en este caso. La alcaldesa destacó que el propio fallo admite que los tributos locales pueden ser instrumentos eficaces para orientar la actividad económica hacia modelos menos lesivos para el medio ambiente y califica de “loable” el esfuerzo de Mogán por avanzar hacia una tributación verde. Sin embargo, la sentencia termina calificando la tasa como recaudatoria sin aportar prueba alguna, contradiciendo su propio reconocimiento previo de la finalidad sostenible del tributo.
Onalia Bueno mantendrá congelados 1,4 millones recaudados
Álamo explicó que el hecho imponible se define de forma precisa por servicios sostenibles y esenciales que el Ayuntamiento presta de manera efectiva al turista. En concreto, el ciclo integral del agua –abastecimiento y depuración del agua consumida–; la economía circular –recogida y tratamiento de residuos generados–; y la promoción turística sostenible –acciones para mantener un destino competitivo y responsable–.
Actualmente, estos servicios son sufragados únicamente por los residentes, lo que genera un desequilibrio que la tasa pretendía corregir. Por este motivo, el Consistorio rechaza de forma categórica la afirmación de que la tasa constituye un instrumento de financiación general e insiste en que la sentencia no aporta ningún elemento probatorio que sustente esa conclusión.
La tasa, recalcó Álamo, se diseñó para equilibrar los costes reales de los servicios asociados al turismo. Esta establece un importe de 0,15 céntimos por persona y día de pernoctación en alojamientos turísticos, una cuantía mínima calculada tras un estudio pormenorizado que determinó que los servicios municipales afectados por la actividad turística y la sostenibilidad tienen un coste anual de 2.716.402,40 euros. Dado que los turistas representan el 44,75% del uso de esos servicios, les corresponde financiar 1,2 millones de euros. Al dividir esa cantidad entre los 365 días del año y entre las 21.575 plazas alojativas ocupadas de media en el municipio se obtiene la cuota establecida.
La alcaldesa afirmó que Mogán seguirá defendiendo un modelo fiscal justo y que, por todo lo expuesto, el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, previa evaluación técnica y jurídica exhaustiva de la sentencia por la Asesoría Jurídica general y la Asesoría Jurídica en materia tributaria. El Consistorio dispone de un plazo de 30 días para presentarlo. Bueno recordó que la tasa continúa en vigor hasta que no exista una sentencia firme, y que los cerca de 1,4 millones de euros recaudados hasta el momento permanecerán congelados hasta entonces.