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El masivo rechazo a la macrogranja de La Aldea llega al Parlamento

Nueva Canarias reclama la paralización de la instalación acuícola por su afección al paisaje, la Red Natura 2000 y el angelote

Esther González, portavoz, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha reclamado al Gobierno de Canarias, en comisión parlamentaria, la paralización de la macrogranja de lubinas en la costa de La Aldea.

Incompatibilidad ambiental con la Reserva de la Biosfera y el angelote

La parlamentaria nacionalista defendió el amplio rechazo social, institucional y pesquero al proyecto. Citó los pronunciamientos unánimes en contra del Ayuntamiento, Cabildo de Gran Canaria, cofradías de pescadores, organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales.

Advirtió de que afecta a un entorno de especial valor ambiental, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y próximo a espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000. Apeló González a la relevancia de evaluar adecuadamente las repercusiones sobre el medio marino y las especies en la zona, como el angelote, catalogado en peligro crítico de extinción.

Informes técnicos y 12.195 firmas respaldan la defensa de la pesca artesanal

Esther González informó que el Ayuntamiento de La Aldea presentó en septiembre las alegaciones al estudio de impacto ambiental, acompañadas de dos informes técnicos, uno externo y otro elaborado por los servicios municipales, que cuestionan que el estudio cumpla las exigencias de la Ley de Evaluación Ambiental, y señalan deficiencias relacionadas con la incidencia sobre la pesca artesanal, medio marino, paisaje, patrimonio y riesgos asociados a la instalación.

También expuso que «no cualquier instalación es apta para ubicarse en cualquier sitio y, más concretamente en las costas de La Aldea que no son las adecuadas para esta macrogranja» y mantuvo que en la zona existe una actividad pesquera tradicional que lleva años desarrollándose.

Esther González advirtió que, si el Ejecutivo opta finalmente por otorgar la concesión, deberá explicar “cómo compatibilizar” esa instalación con la protección de la pesca artesanal, el paisaje y el medio marino.

La diputada del grupo nacionalista puso sobre la mesa el rechazo unánime del Ayuntamiento, del Cabildo de Gran Canaria, las 12.195 firmas contrarias a la instalación, los grupos ecologistas y las cofradías de pescadores.

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