Marichal aboga por sumar alianzas entre administraciones para otorgar seguridad jurídica a los residentes de zonas turísticas
Alejandro Marichal, secretario general de CC-San Bartolomé de Tirajana, ha hecho público un escrito en el que manifiesta que «los residentes en zonas turísticas son personas afectadas por un problema real que condiciona sus vidas y merecen ser tratados con respeto» y que «Utilizar su preocupación como herramienta electoral o lanzarnos reproches entre partidos no resuelve su situación»
En este sentido expone que «ante las declaraciones de Gustavo Santana en las que acusa a Alejandro Marichal de traicionarlos y de haber buscado sus votos, queremos explicar el trabajo que hemos desarrollado junto a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y tender la mano a todas las fuerzas políticas para sacar adelante una solución.
También apunta que «Se nos señala por el rechazo de PP y CC a una propuesta en el Parlamento de Canarias. Desde Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana respondemos por nuestros compromisos y nuestra gestión, pero Alejandro Marichal no es diputado ni participó en esa votación».
En esa vía el 28 de octubre de 2022, desde la oposición, presentamos y defendimos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una moción de apoyo a la iniciativa legislativa popular de la PALT, solicitando su tramitación y aprobación en el Parlamento. Los siete concejales del PSOE, que entonces encabezaba el gobierno municipal con Concepción Narváez como alcaldesa, votaron en contra», añadiendo que «en aquel momento, el PSOE encabezaba el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias».
Respecto a los pasos bajo gobiernos presididos por CC añade que «en junio acompañamos a la PALT a una reunión en el Parlamento de Canarias con Fernando Clavijo, Pablo Rodríguez y Vidina Espino«, apuntando que «la presidenta de la plataforma, Maribe Doreste, agradeció públicamente nuestro apoyo constante y nuestra dedicación a los problemas de los vecinos.
La ordenanza municipal de Urbanismo a la espera de los informes del Cabildo de Gran Canaria
Marichal añade que «en junio de 2024 anunciamos la iniciativa de impulsar una ordenanza provisional y, en abril de 2025, la puesta en marcha de su redacción desde el área de Urbanismo. Su objetivo es clarificar el uso residencial en la zona turística y dar una respuesta a una situación que lleva demasiados años generando incertidumbre». Como quiera que «la propuesta ha recibido objeciones del Cabildo de Gran Canaria» expone que «tendemos la mano a Gustavo Santana y todas las fuerzas políticas», destacando que «Les pedimos que nos ayuden a poner en marcha la ordenanza para cumplir con el compromiso con la PALT«, y que «le pedimos también que traslade esa voluntad de colaboración a sus compañeros del PSOE, que gobiernan el Cabildo junto a Nueva Canarias, y que medie para encontrar una respuesta entre administraciones».
Compromiso permanente con la PALT para lograr la tranquilidad y la seguridad jurídica
Tras dejar constancia de que «el problema sigue sin resolverse y que los afectados tienen derecho a exigir resultados», expone que «Nuestra responsabilidad es seguir trabajando para conseguirlos. Desde CC de San Bartolomé de Tirajana hemos mantenido nuestro compromiso con la PALT, tanto en la oposición como en el gobierno municipal. Ahora necesitamos sumar apoyos para que ese trabajo se traduzca en una solución que permita a los vecinos vivir con tranquilidad y seguridad jurídica».
Finaliza Marichal declarando que «Seguiremos trabajando junto a la PALT y estamos dispuestos a colaborar con todas las fuerzas políticas. Lo que importa es resolver el problema de los afectados».
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¡Señor Marichal, los propietarios ya estamos hartos de anuncios, promesas y declaraciones políticas vacías!
Llevamos años debatiendo sobre nuestros derechos, mientras los afectados seguimos viviendo en una situación de inseguridad jurídica. Ahora se nos presenta una ordenanza municipal como un gran logro, cuando todavía no está nada claro qué protección real puede ofrecer frente a la legislación de rango superior.
¡La propiedad privada no es un privilegio que los políticos puedan conceder o quitar a su antojo!
¿Por qué las personas que han adquirido legalmente sus inmuebles tienen que luchar siquiera por el derecho a vivir en ellos?
¿Qué ocurrirá si el Gobierno de Canarias impugna jurídicamente esta ordenanza o la deja sin efecto mediante nuevas leyes?
¡No necesitamos más escenificaciones políticas, sino seguridad jurídica real, efectiva y vinculante!
Señor Marichal, ¡ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos!
¡Los propietarios no queremos limosnas políticas, exigimos que se respeten nuestros derechos!