El municipio de Mogán, en Gran Canaria, continúa en pie de guerra contra la reconversión de complejos turísticos a sociosanitarios. Onalia Bueno, alcaldesa del segundo municipio turístico más importante de la isla, se reafirma en su negativa.
El Ayuntamiento exigirá al Gobierno de Canarias la modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) en materia de turismo para eliminar algunas categorías de “equipamiento turístico complementario”, que abren la puerta al mencionado uso sociosanitario.
En este sentido Onalia Bueno, alcaldesa del segundo término municipal más importante de la isla en el ámbito turístico, persiste en su negativa a esta posibilidad, tras mostrarse contraria a la misma el pasado mes de julio.
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán
Esta iniciativa del consistorio moganero pretende evitar casos como el del complejo de apartamentos Chatur Palmera Mar, en la zona turística de Amadores, que este verano fue transformado en residencia de tránsito para personas que viven en hospitales pese a tener el alta. Bueno sostiene que ese uso es incompatible con el turístico y de ocio que predomina en la zona.
Un rechazo recurrente
Esta no es la primera vez que la alcaldesa del municipio grancanario defiende la exclusiva utilización de los alojamientos para el turismo, ya que también se mostró beligerante cuando estos hicieron las veces de albergue para menores inmigrantes durante la crisis migratoria desde África que afectó a Canarias entre 2020 y 2021.
Se trata de una batalla que se ha desatado en el ámbito turístico de las isla de Gran Canaria,, a lo que Onalia Bueno, ha plantado una firme oposición, a raíz de que, en su día, el Servicio Canario de Salud (SCS), atendiendo a una serie de criterios planteados por llas consejerías de Bienestar Social y Sanidad, derivara pacientes con alta hospitalaria que requieren atención a complejos como los de los apartamentos Palmera Mar. Se trata de un protocolo que pretende aliviar la presión hospitalaria y liberar camas para los pacientes agudos.
Una operación denunciada por Onalia Bueno ante lo que considerase como “ilegalidad de esta operación”, aseverando que incumple el planeamiento municipal y que el establecimiento “no reúne las condiciones adecuadas para alojar a este tipo de usuarios”.