Resulta penoso el silencio del Gobierno de Canarias ante 30.000 afectados por la política que quieren marcar algunos en y contra los apartamentos y bungalós.
A estas alturas de la temporada veraniega, en su apogeo, se ha levantado una nueva polémica, con la actitud del Registro de la Propiedad número 2, de San Bartolomé de Tirajana, tratando, presuntamente, de dar gato por liebre, nunca mejor dicho, a la propietaria de un apartamento.
Escasos días antes Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde en San Bartolomé de Tirajana, procedió a abrir una consulta pública para elaborar la futura Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen Jurídico del Uso Residencial en la Zona Turística Litoral.
También se señaló que «el Ayuntamiento quiere escuchar directamente a quienes llevan años conviviendo con la incertidumbre derivada de la aplicación de la Ley Turística». Del mismo modo que se expuso que «Antes de redactar la ordenanza, Urbanismo quiere conocer, de primera mano, los problemas que encuentran los afectados».
De tal modo que Alejandro Marichal dejó constancia de que «muchas personas llevan años conviviendo con incertidumbre sobre la situación de su vivienda y con la preocupación que han generado los expedientes sancionadores». También, en alusión a los propietarios de bungalós y apartamentos porque «nadie conoce mejor esta realidad que quienes la viven cada día» y que «Lo que queremos es aclarar cómo se aplica la normativa vigente a las distintas situaciones que existen en la zona turística para ofrecer más seguridad jurídica, tanto a los vecinos como a la propia Administración».
Respaldo a la ordenanza municipal para garantizar la seguridad jurídica
Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, señaló, en nombre de miles de afectados, que ve «esperanza en la futura ordenanza municipal y pode frenar las multas a propietarios en zona turística», subrayando que «llevamos demasiado tiempo denunciando que la inseguridad jurídica se ha convertido en el principal problema de miles de propietarios», que «cualquier iniciativa que tenga como objetivo aportar claridad, seguridad y estabilidad merece ser respaldada», que «esta ordenanza representa una oportunidad histórica para hacer las cosas bien» y que «no compramos establecimientos turísticos. Compramos viviendas con tipología edificatoria de apartamento o bungalow dentro de un complejo inmobiliario. La naturaleza de una vivienda no puede depender del municipio en el que se encuentre. Si se sostuviera que un apartamento o un bungalow deja de ser una vivienda en San Bartolomé de Tirajana, habría que aceptar esa misma conclusión para el resto de los municipios de Canarias y de España, una interpretación que carecería de coherencia jurídica».
Propuesta de reforma legislativa y el silencio del Ejecutivo regional
Del mismo modo que el PSOE, al día siguiente, pidió apoyo en la Ley Turística a Coalición Canaria, planteando modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 y Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de 2025.
Como ahí están los artículos y editoriales de «maspalomasplus.com«…
¿Por qué no hay una opinión, siquiera sea escueta del Gobierno de Canarias? Quedamos, pues a la espera.
Calculen uds. que si hay unas 30 mil unidades de aptos. y Bungalows que han desaparecido de la explotación turística, estamos hablando de unas 75 mil camas (promedio de capacidad unidad). Estan construidas sobre suelo de planificación turística y realmente no es para crear un hogar, pues 30-35 metros cuadrados no dan para una familia, si para uso vacacional o segunda residencia temporal turística. Los explotadores turisticos se cargaron el modelo arruinando al propietario que no pago rentas y en muchos casos nos dejaron deudas, ahora tampoco nos permiten seguir con su funcionamiento como vacacional, pues exigen unidad de explotación otra vez y tampoco dejan residir. Pues que quieren que les diga, van a tener un tremendo problema JUDICIAL. Y mientras sigan sin construir vivienda.