17.000 propietarios de bungalows y apartamentos en Maspalomas cabreados con el Gobierno de Canarias

Numerosos propietarios por la derogación urgente de la Ley de Renovación y Modernización Turística que se aprobó en 2013 con el gobierno CC-PSOE

Por Juan de la Cruz

17.000 propietarios de apartamentos y bungalows en Maspalomas, tras mucho tiempo de «calvario» por una Ley tan severa e injusta como la de Renovación y Modernización Turística, que amenaza gravemente su propiedad para pasarla a una Explotadora, se han vuelto a sentir heridos, ahora, con la convalidación del decreto de residencialización por parte de los grupos políticos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI).

Sobre todo cuando tras dicha aprobación se comprueba la distancia de interpretación existente entre la «suspensión temporal de sanciones«, como las que se han llevado contra cientos de propietarios por residir en un bungalow o apartamento de su propiedad, lo que constituye todo un sinsentido, y una perversión ilimitada, y la interpretación que hace Nueva Canarias, dejando constancia de que esta nueva decisión conllevar a la «expulsión de 100.000 canarios (17.000 en Maspalomas) de sus propiedades«

Una inmensa mayoría de los propietarios afectados, hasta donde se nos informa, aboga por la propuesta que ya señalara días pasados Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde en San Bartolomé de Tirajana. Esto es, por la derogación de la ley, que el mismo calificaba de «obsoleta«, tras su encuentro con Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias.

Una ley injusta y soez, lesiva, que grava, con dolo, los intereses de los propietarios que un día adquirieron su bungalow o apartamento legalmente, pero con una letra pequeña de esas que rasgan y rompen el alma, con alevosía, premeditación y otros.

Tres años de espera y sin soluciones ¿Por qué?

Entre los propietarios hay quienes estiman que sería cuestión de solicitar una indemnización «por daño moral» al Parlamento de Canarias que, en el año 2013, por esa Ley que perjudica, de un modo ostensible, a 100.000 canarios, que se dice pronto.

La opinión más homogénea es la de la derogación, lo antes posible, y que el Parlamento y el Gobierno dejen, ya, de tensionar, dilatar y postergar el tema. Los mismos señalan que no es cuestión de «suspensión de sanciones«, sino que ya es hora de la derogación y no dejar, aún, tres años y, más, aún, sin conocer nada del nuevo recorrido de una Ley sobre la que circundan, como suele resultar habitual en este tipo de cuestiones, muchos intereses empresariales.

¡Ojo, que 100.000 propietarios cabreados, a la hora de una cita electoral pueden acarrear determinados posicionamientos. Y si aún restan tres años por medio, señalar que en mayo de 2027 se celebrarán las próximas elecciones municipales y autonómicas, y, previsiblemente antes de 2.027, pueden convocarse, también, elecciones generales…!

P. D. ¿Para qué postergar y dilatar tres años más este embrollo y este proceso?

NOTA: En la fotografía de la Portada, Alejandro Marichal y Fernando Clavijo durante la reunión que mantuvieron el pasado 16 de marzo