NC: «Se abre la vía a expulsar a 100.000 familias». Una injusta ley de 2013, contra propietarios de bungalows, que martiriza a 17.000 familias en Maspalomas
Por Juan de la Cruz
El año 2013 el Parlamento de Canarias aprobó una de las peores y más severas e injustas leyes en la historia de Canarias. La Ley de Renovación y Modernización Turística. Una Ley soez, burda, cruel, abusiva y disparatada, que ha dañado de modo ostensible durante largo tiempo, que aún continúa dañando, a 17.000 familias en Maspalomas y a 100.000 en Canarias.
Gracias, eso sí, a unos insolidarios parlamentarios de aquellos tiempos por apretar un botón. ¿Es que nadie cayó en la cuenta de que la misma perjudicaba de un modo casi ofensivo y burlón a los compradores de un apartamento o bungalow en suelo turístico?
Todo porque los propietarios que adquirieron en su día un bungalow o un apartamento en suelo turístico, no fueron debidamente informados en absoluto por ninguno de los profesionales en diferentes materias al medio, agentes inmobiliarios, administrativos municipales, abogados, notarios, de que el apartamento o bungalow en cuestión debiera de ponerse en manos de unas explotadoras de explotados y que se servían de alquilar tales inmuebles, por tres perras, entre trescientos y trescientos cincuenta euros de media, disponer de los mismos para su uso turístico, y el propietario a tragar quina con una normativa tan cruel, tan dañina, tan especulativa, tan irracional y siempre interesada al favor de terceros, que han hecho su agosto con las explotadoras a base de bien.
Explotadores de explotados
Explotadoras que no cumplen con la normativa de tener en la explotación a la mitad más uno de los bungalows, propietarios que no debieran de residir ni tan siquiera alquilar por su cuenta sus propios bienes inmobiliarios y que debieran de dejarlo en manos, por lo general, de unos más espabilados explotadores para su alquiler turístico, tal cual les daba la gana, abusando de su privilegiada situación, como conocemos en determinados casos, y con abuso hasta con el «dominio» por completo de algunos complejos, controlando todo el funcionamiento del mismo, y con los propietarios ajenos, por desconocimiento y desinformación, salvo circunstancias excepcionales a un abuso descomunal.
Como resulta caso de una serie de complejos turísticos en los que la propia explotadora, además de controlar los bungalows o apartamentos, controlaba, además, la administración íntegra del complejo, que escandaliza y ruboriza hoy, todavía a muchos. Todo ello con alevosía, con escarnio, con burla, sin escrúpulos y sin corazón. Explotadoras, eso sí, apoyadas, además, por buena parte de los propietarios de apartamentos y bungalows. Sin contar algunos casos de escandalosas propuestas de derramas falsas.
Cosas veredes: El propietario no podría vivir en su apartamento…
Todo era silencio… Pero la eclosión se iba produciendo paulatinamente ante esa amenaza de que pareciera que el propietario de un apartamento o bungalow está viviendo de forma clandestina en su propia vivienda, mientras las explotadoras de los explotados hacían y hacen su agosto.
De tal forma que inclusive llegó a ponerse en marcha la sanción por al propietario por residir en su propia vivienda. Un abuso lamentable con el apoyo, tan lamentable, de quienes aprobaron una ley escandalosa, obsoleta, injusta, indecente. Algo tan lamentable como impropio en una sociedad del siglo XXI y cuya tramitación y elaboración deja una serie de dudas al respecto, qué quiere que le digamos, unas dudas en su recorrido. ¿Por qué beneficiar a empresarios con propiedades ajenas y particulares adquiridas con mucho esfuerzo, con préstamos, con ilusiones familiares, con numerosas gestiones…?
Marichal: «Suspensión de sanciones»
Un tema que ha tratado en diversas ocasiones el periódico digital «maspalomasplus.com» y de un modo más intenso en los últimos días. Sobre todo porque, recientemente, 16 de marzo, Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana agradecía recientemente a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias que haya dejado en suspensión las sanciones a residentes en suelo turístico «por un período de hasta tres años» y señalando, al tiempo, que «el siguiente paso debe de ser la derogación de la Ley 2/2013«, y que no debería de haberse aprobado. ¿Por qué se aprobó esa maldita ley en el Parlamento de Canarias en 2013?
Esther González: «Se abre la vía a expulsar a 100.000 familias»
Sin embargo el pasado jueves Esther González, parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista, señalando que el decreto ley de suspensión temporal de las multas a los propietarios de residencias en zonas turísticas abre la vía a expulsar a 100.000 familias, denunciando que la norma del Gobierno de CC y el PP coloca a los afectados con viviendas “legales” en una situación de desprotección absoluta al obligarles a declararse “ilegales” para suspender las sanciones económicas.