Mas de 18.000 familias, propietarias de un apartamento o un bungalow, se encuentran afectadas en Maspalomas
Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), ha exigido al Gobierno de Canarias «defender los derechos de miles de propietarios en la revisión de la unidad de explotación turística«, acusando «a CC y el PP de priorizar los intereses de las patronales turísticas mientras que las familias mantienen limitado el uso de sus viviendas en las zonas turísticas«.
Esther González preguntó a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, si piensa derogar el principio de unidad de explotación tal y como está en la actualidad, cuestionando la continuidad de un modelo que calificó como un “invento” nacido en Canarias con la ley de 1995 y que, en su opinión, «limita a miles de familias el uso de sus viviendas ubicadas en zonas turísticas«.
También señaló que Jéssica de León, consejera de Turismo, denunció que «la consejera había anunciado que trabaja en un anteproyecto de ley de ordenación turística» y demandó claridad «sobre el mantenimiento o modificación del actual sistema de unidad de explotación«, acusando al ejecutivo presidido por Clavijo «de actuar con rapidez cuando las demandas proceden de las patronales turísticas mientras se retrasan las soluciones para los pequeños propietarios«.
Esther González: «Los propietarios de apartamentos llevan 30 años maltratados por los distintos ejecutivos»
Del mismo modo dejó constancia de que «los propietarios de apartamentos llevan más de 30 años maltratados por los distintos ejecutivos«, reclamando al Gobierno que “no siga gobernando para quienes consideran que las zonas turísticas son un coto privado de negocio” y denunciando que «miles de ciudadanos canarios ven restringido el uso de sus propias viviendas, y amenazados incluso con sanciones, si no ceden sus apartamentos o viviendas a explotadores turísticos«.
Del mismo modo Esther González subrayó que «este gobierno sigue tratando la unidad de explotación como una sacrosanta reliquia que hay que venerar ignorando además que la Comisión Europea en 2005 advirtió de que este principio vulneraba la normativa europea y exigía su eliminación en un plazo de dos meses» y que han pasado 21 años desde las advertencias de la Unión Europea sin que los sucesivos gobiernos hayan afrontado una reforma profunda de la unidad de explotación.