Esther González plantea cuatro enmiendas urgentes para frenar las sanciones en zonas turísticas y dar un plazo de tres años a los ayuntamientos
La diputada Esther González, de NC-BC, intentará convencer a los grupos del Gobierno (CC, el PP, la ASG y la AHI) de la importancia de aceptar cuatro enmiendas para corregir el impacto de la ley de la vivienda vacacional en miles de familias propietarias de apartamentos en zonas turísticas, frenar las sanciones, reconocer el uso residencial consolidado y dar tres años a los ayuntamientos para adaptar el planeamiento municipal.
Un último intento de Esther González en el pleno de la próxima semana
A pesar de que la parlamentaria de NC-BC no pudo defender las enmiendas en el debate y votación del dictamen del proyecto de ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, González hará un último intento en el pleno de votación final del citado proyecto de ley, previsto para la próxima semana.
El plan de la tregua de tres años para adaptar el planeamiento local
Las propuestas de NC-BC parten de la idea de que “no se puede legislar desde un despacho ignorando cómo viven y usan sus propiedades muchas familias canarias” de apartamentos, bungalós, chalés o villas situadas en zonas turísticas. Por eso, las enmiendas planteadas buscan poner orden, y hacerlo con “equilibrio, sentido común y respeto a la realidad existente”, explicó la portavoz nacionalista.
Esther González plantea aclarar mejor qué se entiende por establecimiento turístico y por unidad alojativa, para evitar confusiones y dar más seguridad jurídica. Esto permitirá que la ley sea más clara y que no se metan en el mismo saco situaciones muy distintas, según González.
Propone eliminar la disposición transitoria sexta de la ley 6/2025 de viviendas vacacionales. Tal y como está redactada, para Esther González, perjudica a los propietarios de apartamentos en complejos turísticos porque “no tiene en cuenta la realidad de muchas personas que llevan años usando legalmente esos inmuebles de otra forma o que no encajan en un modelo único” de explotación turística.
NC-BC plantea incorporar que se de un plazo de tres años a los ayuntamientos para adaptar su planeamiento y decidir, con criterios realistas, qué suelos o parcelas deben tener uso turístico, residencial o mixto. Es decir que sean las administraciones municipales, conociendo la realidad de cada municipio y zona, las que ordenen esta situación “con rigor y no mediante imposiciones generales que no distinguen entre casos muy diferentes”.
Durante ese periodo transitorio, se establece que no se abran nuevos expedientes sancionadores a propietarios por no destinar sus inmuebles al uso turístico para “evitar” que muchas personas “se vean castigadas mientras no exista una solución urbanística clara y definitiva«.
La parlamentaria propone derogar el decreto ley 2/2025 (de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su Reglamento). Esta norma, como explicó, forzó el deber de destinar determinados inmuebles al uso turístico. González mantuvo que ha generado “más inseguridad, más conflictos y más presión sobre los propietarios, sin resolver de verdad” el problema de fondo.
Apeló al sentido común del Gobierno de CC y PP. “No se puede obligar, de manera automática, a todas las personas” con un apartamento o bungaló en una zona turística “a dedicarlo exclusivamente al turismo sin analizar antes la realidad” del inmueble y del municipio.
Para Esther González, el objetivo no puede ser imponer una solución única para todos los casos. Defendió la necesidad de facilitar una regulación que proteja el interés general sin dar la espalda a la realidad de las islas.