El colectivo de afectados ve «esperanza» en la futura ordenanza municipal y pide frenar las multas a propietarios en zonas turísticas
Por Maribe Doreste
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística queremos valorar muy positivamente la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de abrir un trámite de consulta pública para la elaboración de una ordenanza destinada a aportar mayor seguridad jurídica al uso residencial en la zona turística.
Se trata de una iniciativa que reconoce la existencia de un problema real y que apuesta por escuchar a quienes llevamos años padeciendo sus consecuencias. Para nuestra Plataforma, esta decisión supone un motivo de esperanza. Es una satisfacción comprobar que el municipio donde viven miles de propietarios tiene la sensibilidad de atender una realidad que no puede seguir ignorándose: la de familias que están siendo objeto de procedimientos sancionadores con multas de 2.250 euros por residir en las viviendas que adquirieron legalmente hace décadas.
Llevamos demasiado tiempo denunciando que la inseguridad jurídica se ha convertido en el principal problema de miles de propietarios. Por eso, cualquier iniciativa que tenga como objetivo aportar claridad, seguridad y estabilidad merece ser respaldada.
Oportunidad histórica, respeto a la Constitución y compatibilidad del Plan General
Ahora bien, también creemos que esta ordenanza representa una oportunidad histórica para hacer las cosas bien. Esperamos que su primer fundamento no sea otro que el respeto a la Constitución Española. La seguridad jurídica no puede ser una declaración de intenciones; debe convertirse en el principio que inspire toda la actuación administrativa. Eso significa respetar los derechos adquiridos, impedir interpretaciones retroactivas de las leyes y garantizar que ningún ciudadano vea alterada la naturaleza jurídica de su propiedad décadas después de haberla adquirido conforme a la legalidad vigente.
Esperamos igualmente que esta ordenanza reconozca de forma expresa la realidad urbanística consolidada existente en el municipio. La inmensa mayoría de los complejos situados en suelo urbano con potencialidad turística mantienen situaciones jurídicas consolidadas que deben ser respetadas y protegidas. No es admisible que interpretaciones administrativas posteriores pretendan convertir en ilícito lo que durante décadas fue plenamente legal.
También confiamos en que el Ayuntamiento despeje definitivamente una cuestión que nunca debió generar controversia: el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana nunca prohibió la compatibilidad entre el uso residencial y el uso turístico. Esa compatibilidad fue precisamente la que dio confianza a miles de familias para invertir sus ahorros y adquirir sus apartamentos y bungalós. La futura ordenanza debe reconocer la realidad y ofrecer una interpretación homogénea que aporte seguridad tanto a la ciudadanía como a la propia Administración.
Queremos recordar, además, algo que parece haberse olvidado en este debate. Nosotros no compramos establecimientos turísticos. Compramos viviendas con tipología edificatoria de apartamento o bungalow dentro de un complejo inmobiliario. La naturaleza de una vivienda no puede depender del municipio en el que se encuentre. Si se sostuviera que un apartamento o un bungalow deja de ser una vivienda en San Bartolomé de Tirajana, habría que aceptar esa misma conclusión para el resto de los municipios de Canarias y de España, una interpretación que carecería de coherencia jurídica.
Exigencia de cese de sanciones y participación activa en el proceso normativo
Nuestra reivindicación nunca ha sido obtener privilegios. Lo único que exigimos es que se respeten los derechos con los que adquirimos nuestras propiedades y que las administraciones actúen con la misma seguridad jurídica que exigen a los ciudadanos. Queremos reconocer expresamente la voluntad del Ayuntamiento de abrir este proceso de participación. Escuchar a los afectados es el primer paso para construir soluciones duraderas.
Pero escuchar implica también asumir la realidad que miles de familias llevan años denunciando. «Si el propio Ayuntamiento considera necesario aprobar una ordenanza para dotar de seguridad jurídica al uso residencial, es porque reconoce implícitamente que esa seguridad jurídica hoy no existe. Y si no existe, resulta difícil justificar que, mientras tanto, continúen imponiéndose sanciones a ciudadanos por una realidad cuya interpretación la propia Administración municipal considera necesario aclarar.
Desde la Plataforma participaremos activamente en esta consulta pública. Presentaremos propuestas jurídicas, urbanísticas y técnicas con un único objetivo: que esta ordenanza se convierta en una auténtica garantía para los ciudadanos y no en un mero instrumento interpretativo.
Ha llegado el momento de cerrar una etapa de incertidumbre y abrir otra basada en la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de todos los propietarios.
La convivencia entre el uso residencial y el turístico no se consigue enfrentando a unos propietarios con otros, sino aplicando las leyes con objetividad y respetando los derechos adquiridos. Esperemos que esta ordenanza aporte claridad, seguridad jurídica y soluciones reales, evitando interpretaciones arbitrarias que tantos problemas han causado en nuestro municipio.
Mi agradecimiento a toda la Junta Directiva de la PALT por el enorme trabajo, la constancia y el compromiso que ha demostrado durante todo este tiempo. Y un reconocimiento especial a Alejandro Marichal por impulsar esta iniciativa y abrir este espacio de participación y diálogo.
Nuestra casa no es una unidad alojativa: es nuestro hogar
Existe una profunda desconexión entre la jerga fría de las administraciones públicas y la realidad diaria de quienes vivimos en Canarias. Cuando los partidos políticos y los marcos regulatorios traducen el lugar donde construimos nuestras vidas al concepto técnico de «unidad alojativa», no solo incurren en un eufemismo burocrático; cometen un acto de deshumanización.
Un hogar no es una casilla en un plano de ordenación urbana ni un activo financiero en una hoja de cálculo. Una casa es el refugio donde reside la dignidad, la memoria y la seguridad de una familia. Por ello, reducir las viviendas residenciales a meros productos de explotación turística para favorecer la especulación inmobiliaria es una falta de respeto directa hacia la ciudadanía canaria.
Quienes gobiernan —y en especial formaciones con responsabilidad directa en la regulación del territorio como el Partido Popular y Coalición Canaria— deben entender que el derecho a la propiedad privada y a una vivienda digna no puede quedar subordinado al beneficio económico de unos pocos. La legislación debe servir para proteger al ciudadano frente al despojo y al desplazamiento, no para facilitar la expulsión de los vecinos de sus propios barrios.
La sociedad canaria no pide favores ni privilegios; exige empatía, respeto y justicia social. Es hora de que la clase política escuche a la calle, deje de tratar nuestros pueblos y ciudades como un parque temático y garantice por ley lo más elemental: que la casa de un canario es su hogar, y de ahí nadie lo puede expulsar.