En 3 años, Marichal, pueden suceder muchas interrogantes. Más, aún, con elecciones municipales, autonómicas y generales
Por Juan de la Cruz
El tema del conflicto residencial de los propietarios de apartamentos y bungalows es, salvo error, el más importante y problemático, ahora mismo, en Maspalomas, con 17.000 familias afectadas. Un conflicto que no se puede resolver, bajo ningún concepto, con un plazo de tres años, como propusieron Fernando Clavijo y Alejandro Marichal el pasado 16 de marzo. https://maspalomasplus.com/actualidad/marichal-agradece-al-presidente-de-canarias-la-suspension-de-las-sanciones-a-residentes-en-suelo-turistico/.
Tres años es toda una eternidad. Más, aún, teniendo en consideración que el conflicto se generó, ya de por sí, con la aprobación de la Ley de Renovación y Modernización en el año 2013, con un gobierno autonómico conformado por un gobierno presidido por Coalición Canaria y PSOE. Y considerando, asimismo, que los propietarios de apartamentos y bungalows son totalmente ajenos a la creación de ese problema, que fue una decisión del gobierno citado,
¿Tres años ahora con elecciones municipales, autonómicas y generales?
Pero es que además, por si Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, y Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde en San Bartolomé de Tirajana, no han caído en la cuenta es que es demasiado grave la dimensión del mismo: 17.000 familias en Maspalomas y entre 80.000 y 100.000 en Canarias. ¿Y todos, entonces, ya tan tranquilos, y a esperar tres años, con todo lo que queda al medio, presiones empresariales, como siempre, abusos ilimitados y sangrantes de explotadoras, tensiones vecinales, junto a otros muchos, y, por si fuera poco, tal vez Fernando Clavijo y Alejandro Marichal, no hayan caído en la cuenta de que en mayo de 2027 tendrán lugar las próximas elecciones municipales y autonómicas en Canarias, y, en cualquier momento, por cierto, pero siempre antes de tres años, los comicios generales.
O, tal vez por eso, en un gesto publicitario y de despiste a tantos miles de familias, hayan tratado de desviar un tema candente, de una extraordinaria gravedad.
Pero es que la obligación y la responsabilidad del gobernante es hacer frente a la problemática que tiene por delante, por muy delicada que sea, y no la de despejar los balones, y, hala, de un patadón, la solución para dentro de tres años. Ya es hora, pues, de afrontar la situación, y, que tal como señalara Alejandro Marichal, derogar lo antes posible la ley que el mismo calificara de «obsoleta y perjudicial para la gestión del suelo en Canarias«.
Una sencilla pregunta, entonces: ¿Cómo se puede mantener la calificación de obsoleta y perjudicial y, sin embargo, remitirse a tres años?
Entendemos que en conflictos de esta relevancia sobran el «buenismo» de querer agradar a todos al tiempo, que no es la mejor actitud, que se hace preciso otear el panorama social, moral, humano, residencial, de ciento y pico mil familias canarias y que hay que intentar adentrarse en el papel de tanto propietario de apartamentos y bungalows cuan, desde el primer minuto, ya les estaba engañando quien fuese.