Se trata de distribuir a los menores inmigrantes no acompañados entre las autonomías y aliviar a las que registran una situación de «emergencia» en la materia.
Esta contingencia se vive en la actualidad, con datos objetivos, en Canarias. De ahí que la propuesta inicial se dirija a aliviar a esos tres territorios, dada la presión que soportan, ya que el número de menores que acogen supera con creces sus capacidades para garantizar los derechos que les asiste.
Así lo han expuesto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa
Aunque quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada bien en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o bien de proposición de ley con debate urgente y en lectura única, como plantea el Gobierno central, el próximo mes de septiembre.
Antes de su aprobación, que ambas partes confían en que apoye el PP, la iniciativa será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres ya ha advertido de que la ley habilitará al Gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder su traslado si no hubiera acuerdo.
El texto que Torres ha presentado este lunes al presidente canario, y en cuya redacción también ha intervenido las ministras de Juventud y Migraciones, establece que cuando los recursos de acogida para menores migrantes de una comunidad estén por encima 150 % de su capacidad, como ocurre ya con Canarias, Ceuta y Melilla, «se aplicará la ley» para propiciar su derivación a otras regiones del país, en función de su PIB y de su población, tal y como se acordó en 2022 en una Conferencia Sectorial«.
Diferencias de criterios
En el caso de Canarias, se considera que su cupo de acogida es de 2.000 menores, por lo que a partir de 3.000 (un 50 por ciento por encima de lo fijado), se activarían los recursos de derivación hacia otras regiones. Con la situación existente en estos momentos, eso supondría que deberían salir de Canarias 2.500 menores no acompañados.
Los Gobiernos de Sánchez y Clavijo mantienen otras diferencias jurídicas respecto a cómo se va a proceder en adelante, es decir, cuando lleguen más menores no acompañados en pateras y cayucos a territorios ya saturados, lo que ocurrirá en las islas con toda probabilidad, pues no se espera que el flujo se detenga.
Clavijo pretende que todos los menores que excedan su cupo de 3.000 sean asignados automáticamente a otras comunidades por el Estado tras su rescate y desembarco en las islas y que sean derivados «en un plazo máximo de quince días» a otra comunidad, se encargaría de hacerles las pruebas óseas que determinan su edad, ya que en las islas permanecen ahora 1.800 chicos que aguardan por esa prueba y la lista de espera en ellas es de seis meses.
Tanto Fernando Clavijo como Ángel Víctor Torres se han mostrado optimistas con el éxito de esta reforma legal, hasta el punto de que el primero ha confiado en que contará con más de 176 votos favorables en el Congreso de los Diputados y no se verá afectada por veto alguno en el Senado. Tampoco cree que corra riesgo alguno en un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional, porque atiende a una situación de emergencia y al interés superior de los menores.
«Es de sentido común y justicia. Habrá una negociación política porque no iremos a un decreto ley que vaya a fracasar. Tenemos que parar la sangría en este momento para evitar que el problema se siga agravando con el paso del tiempo«, ha aseverado el presidente canario.
