El hecho evidente es que el propietario tiene derecho a vivir en su apartamento, bungalow o propiedad. Que nadie se equivoque.

Por Juan de la Cruz

En este debate de la residencia en zonas turísticas, sobre todo hay que defender al residente. Entre otras cosas porque el debate que se lleva alargando un tiempo sobre la figura de la residencia en las zonas turísticas de Canarias y otros puntos convergentes radica, fundamentalmente, en el exacerbado y, a la vez, desordenado crecimiento turístico.

Un crecimiento, insistimos, anárquico, sin límites, con escaso respeto por diversas partes a las normativas, con incumplimientos de muchos. Quizás, si me apuran, de casi todas las partes en este litigio que se está produciendo, de modo confuso, en el anteproyecto de ley, que se lleva a cabo en el Parlamento de Canarias. Pero lo que parece evidente es que el menos conocedor de otras circunstancias es el propietario de un apartamento, de un bungalow o de su residencia.

A estas alturas del siglo XXI, con un turismo floreciente desde mediados del pasado siglo, por dar una referencia aproximada en el tiempo, y donde se han vulnerado numerosos principios de sensibilidad urbanística, de cánones y normativas administrativas, comenzando por las municipales e intereses referenciales de determinadas índoles, de apropiaciones indebidas de terrenos, de prisas por iniciar construcciones y más construcciones de todo tipo, hoteles, complejos residenciales, complejos extrahoteleros, de apartamentos, chalets, empresas de todo tipo y condición, y plagado en muchas ocasiones de las más variadas irregularidades e ilegalidades, es hora de plantearse que el residente de hoy en Maspalomas y en tantas otras zonas turísticas no puede ser carne de cañón por cuestiones e económicos de terceros.

Diga lo que diga Agamenón o sus porqueros. De ilegalidades e irregularidades, probablemente todos los residentes en zonas como Maspalomas, y seguramente en otras zonas turísticas de Canarias, conocemos muchos casos de cuestiones, de asuntos y de otros aspectos que rayan determinadas configuraciones de la vulneración legislativa, por una sencilla razón: Porque quienes, tal vez pudieron, no lo evitaron por las razones que fuera o fuesen.

Hoy es un error plasmar determinaciones con la que separa el año 2017 marcando una extraña normativa que va contra los derechos de los residentes que llevan largo tiempo ocupando un apartamento, un bungalow como primera o como segunda residencia. Sea la zona de marcada influencia turística o no. Es lo mismo que legislar la normativa de complejos turísticos y que todo vaya en beneficio de un tercero, siempre el más listillo de la película, para que los propietarios de un apartamento lo dejen en alquiler para el «modus vivendi» de ajenos y que los mismos puedan operar en negocios con cargo a los propietarios que deberían de dejar sus residencias habituales o vacacionales…

¿De qué va este debate?

Un debate que debe de regirse por principios de sensibilidad moral, de rectitud legislativa, de sentido común, de solidaridad y respeto con el ciudadano de a pie, de nuevos e inquebrantables principios de y sobre la vivienda, y que no dañen lo más mínimo bajo ningún concepto a quienes tienen vivienda residencial y vacacional tanto en Maspalomas como en otra zonas turísticas de Canarias.

¿Por qué no pasar revista, entonces, como ya hemos propuesto en otras ocasiones, a todos, absolutamente todos los complejos hoteleros y negocios, desde las licencias de apertura a la normalización de la legislación actual? ¿Porque no conviene a muchos? ¿Porque se han cometido errores humanos, tropelías de unos, permisos y licencias con un nauseabundo olor a papel moneda?

Lo más adecuado es que las administraciones públicas, la municipal, la insular, la provincial, la autonómica, la turística, partan de un nivel de honestidad –lo que algunos no quieren– y no dañar, como siempre, a terceros, que como siempre son los residentes, como culpables y paganos –nunca mejor dicho lo de paganos, sobre todo en el sentido económico– para beneficio de muchos que se lo han montado desde la ilegalidad y la violación de las leyes a base de bien.

Más claro agua. Pero los movimientos ciudadanos de hoy son imparables. Sobre todo si se tocan cuestiones de determinada índole.

No hay más remedio que alzar una ley de racionalidad. A partir de hoy. Que todos conocemos supermercados, restaurantes, complejos y otros que hoy, aún, carecen de licencia de apertura. Y de esto hace ya cuarenta años.

El día que impere la sensatez en la administración de los bienes colectivos, a pesar de la masificación y el desordenado, anárquico y muy interesado crecimiento turístico, podremos hablar todos.

Cuidado y que no se entre en territorio comanche…